Política y derecho: retos para el siglo XXI

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• Sujetos. Respecto del concepto de consumidor, me remito a lo señalado supra en las consideraciones generales sobre la Propuesta. Por lo que se refiere al vendedor, la Propuesta de Directiva elimina este término y se refiere exclusivamente al “comerciante”, definiéndolo como “toda persona física o jurídica que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión, así como cualquiera que actúe en nombre de un comerciante o por cuenta de éste”. Cabe destacar, siguiendo a González Carrasco (2008), la asimilación del intermediario al comerciante en cuanto a los deberes impuestos por la Propuesta. • Concepto de bienes de consumo. Lamentablemente, la Propuesta no afronta de forma expresa la cuestión de los bienes intangibles, por lo que se mantiene la misma duda que antes en cuanto a su consideración o no como bienes de consumo. Por otro lado, pese a su afirmación de armonización plena, se deja libertad a los Estados miembros para decidir que el régimen de conformidad no se aplique a la venta de bienes de segunda mano en subastas públicas. • El deber de entrega del comerciante. La Propuesta introduce normas específicas, que no existían en la Directiva 99/44/CE, sobre la obligación de entrega de la cosa vendida y sobre su incumplimiento. En cuanto a la entrega, el artículo 22 de la Propuesta dispone que, salvo pacto en contrario, el comerciante deberá realizarla en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de celebración del contrato. A mi modo de ver, el carácter dispositivo de esta norma mermará considerablemente su eficacia en la práctica. Por lo que se refiere al incumplimiento de la obligación de entrega, el citado precepto concede al consumidor el derecho al reembolso de las sumas abonadas en un plazo de siete días a partir de la fecha de entrega. Como advierte Ebers (2010, p. 22), esta previsión plantea diversas dudas, que el legislador comunitario debería resolver antes de la aprobación de la Directiva, como la de si se refiere a un 24 Politica y derecho: retos para el siglo xxi
incumplimiento definitivo o también a los supuestos de mora; o la de si la única consecuencia derivada del incumplimiento del deber de entrega es la resolución del contrato (y, respecto de ella, si se trata de una resolución automática o exige el requerimiento previo) o, por el contrario, el consumidor puede exigir el cumplimiento forzoso y, en su caso, una indemnización de daños y perjuicios. • Requisitos de conformidad del bien con el contrato. En relación con ellos, la Propuesta mantiene su formulación en forma de presunción y recoge exactamente los mismos criterios que la Directiva de 1999. Pero hay una diferencia de gran relevancia, ya subrayada por Ebers (2010, p. 24): mientras que en la Directiva sobre venta y garantías de bienes de consumo los requisitos eran cumulativos, según se ha indicado supra, el uso de la conjunción “o” apunta a que la Propuesta los configura como alternativos, lo cual podría dar lugar a situaciones paradójicas, como la de que un bien fuera conforme con el contrato por ser apto para los usos a que normalmente se destinan bienes del mismo tipo, aunque no lo fuera para el uso específico requerido por el consumidor y conocido y aceptado por el comerciante. En opinión del citado autor, que comparto, lo más probable es que se trate de un error de redacción que debería subsanarse por el Parlamento Europeo y el Consejo. Creo, asimismo, que sería aconsejable que se expresara en el texto —y no en los Considerandos, como hace la Directiva del 99 — que se trata de requisitos cumulativos en función de las circunstancias, esto es, que deberán concurrir todos aquellos que se justifiquen en el caso concreto. • Garantía legal del comerciante por faltas de conformidad. La Propuesta cambia el momento en que la falta de conformidad debe existir para que exista responsabilidad del comerciante. En efecto, mientras que el artículo 3 de la Directiva de 1999 se refiere a la entrega de la cosa, el artículo 25 de la Propuesta alude al momento en que el riesgo se transfiera al consumidor; lo cual ocurrirá, según el artículo 23, cuando él o un tercero por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido la posesión material de los bienes o, excepcionalmente, en el momento de la entrega conforme a lo acordado por las partes cuando ni el consumidor ni el tercero La protección de los consumidores en el derecho europeo: las garantías en las ventas de bienes de consumo 25
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