Política y derecho: retos para el siglo XXI

previsibles pero no se delimitan los mismos, no se obliga a informar
sobre las posibilidades de mejora o sobre la existencia de otros procedimientos
existentes para tratar la patología. No existe una obligación
de abstención por parte del médico respecto a una posible persuasión
en búsqueda del consentimiento informado, y tampoco se consagra el
derecho que tienen los pacientes a no ser visitados u objeto de prácticas
universitarias, violatorias de su intimidad. De igual forma, no se tienen
referentes respecto a en qué circunstancias la autonomía de la voluntad
no debe ser protegida. No tenemos regulado el derecho a no saber,
cuyos referentes ya son conocidos en América Latina.
A manera de recuento. Los desafíos actuales
Después del recuento anterior en el que pudimos identificar que el
tema del consentimiento informado se encuentra en la mayoría de los
sistemas legales regulado de manera disímil, procederemos a presentar
de manera general, desde nuestra perspectiva, cuáles son algunos
de los desafíos actuales que conlleva su práctica, clarificando que siempre
la complejidad del acto médico hará que la discrecionalidad del
galeno sea un tema determinante, en la toma y práctica del mismo.
No obstante, en aquellos países donde existe abundante legislación el
comportamiento del personal sanitario cada día se caracteriza por una
mejor y saludable praxis médica.
Existen evidentes contradicciones y dificultades al potenciar la teoría
con la práctica y al ponderar derechos que conllevan la libertad individual
y su ejercicio, cuyas soluciones no son siempre fáciles, por ejemplo
cuando un paciente se niega a recibir tratamiento médico necesario
y perfectamente documentado que demuestra su necesidad en cuanto
a su procedencia. Por una parte, con la consolidación de la autonomía
del paciente como un pilar fundamental de la relación médica, se suele
proteger y dar mayor consideración a su tutela pero, por otra parte,
existe una doctrina que defiende que dicha decisión por cuestiones de
orden público y por el “sano juicio médico” debe darse mayor concentración
a las decisiones en cabeza de los médicos, al considerar la salud
como un bien que debe protegerse por encima –incluso– de la autoderminación
del enfermo.
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