Política y derecho: retos para el siglo XXI

2.2. La imputación objetiva
Una vez que una actividad queda identificada como causa (material)
de un daño, es preciso pasar a analizar si ese daño es o no objetivamente
imputable a aquella, esto es, si se puede o no poner a cargo de
su autor. Fiel a este enfoque, el artículo 3:201 PETL enumera –de forma
no exhaustiva– algunos factores a tomar en cuenta a tal fin; así, v. gr.,
el criterio de la adecuación, el del riesgo general de vida y el del fin de
protección de la norma 8 . Pensemos en un ejemplo: en un descuido A le
da un leve empujón a B, por lo que las gafas de éste caen al suelo y se
rompen; B no ve bien y por ello se ve obligado a volver a casa en taxi;
el taxi colisiona con otro coche, a resultas de lo cual B sufre lesiones
de cierta consideración. En un plano causal puramente fáctico, es claro
que tanto la rotura de las gafas como las lesiones son consecuencia
de la actuación de A (sin el empujón, ni las gafas se habrían roto ni B
habría tenido que tomar un taxi ni habría sufrido el accidente). Pero,
constatado eso, hay que determinar si todas las consecuencias dañosas
de su acción (también las lesiones) pueden ponerse a cargo de A. Para
ello están los criterios de imputación objetiva; y en el caso, esa imputación
quedaría descartada en virtud del criterio de la adecuación, pues
para una persona razonable en las circunstancias que menciona el artículo
3:201 a) PETL no hubiera sido previsible que a resultas del leve
empujón a B, éste acabaría sufriendo lesiones en un accidente de coche;
conclusión a la que también conduciría el criterio del riesgo general de
vida, pues cualquiera puede verse involucrado en un accidente, y el del
caso parece carecer de toda relación con el empujón inicial a los efectos
de imponer responsabilidad.
8
Según este último, no cabe imputar objetivamente al posible responsable
un resultado dañoso que caiga fuera del ámbito de protección de la norma sobre
la que pretenda fundamentarse la responsabilidad. La doctrina española admite,
además de los apuntados, otros criterios, como el de la prohibición de regreso, el
de la provocación, el del incremento del riesgo (PANTALEÓN PRIETO [1990], pp.
1566 y ss.) y el de competencia de la víctima (DÍEZ-PICAZO [1999], pp. 346 a 349).
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