Política y derecho: retos para el siglo XXI

Tras las diversas reformas que afectan directamente al desamparo de
menores –Ley de 1987, LO de protección jurídica del menor de 1986,
LEC 2000, y por último la señalada Ley 54/2007 de Adopción Internacional–,
con la vigencia añadida de los preceptos reguladores de la
Jurisdicción Voluntaria en la LEC 1881 –arts. 1825 ss., con exclusión del
art.1827–, las posibilidades de actuación con que cuentan los padres/
tutores se amplían. Ahora bien, lo que no alcanzamos a entender es si
tales vías se complementan, se superponen o solapan o, lo que es peor,
entran o pueden entrar en clara contradicción.
A tal situación añadiremos, en el juego de los intereses contrapuestos
en el procedimiento, más bien en los procedimientos que se abren, el
del interés de los acogedores, a los se considera parte interesada en el
proceso tras la STC 124/2002 de 20 de mayo, en relación con el polémico
caso de acogimiento de dos menores sevillanos en 1996, como consecuencia
de una inadecuada e injustificada declaración de desamparo.
Varias vías son las que se abren a los padres o tutores:
a. La primera referencia que encontramos –art. 172.3, segundo párrafo,
que no necesariamente la primera vía a la que pueden acudir los
padres– alude a la posibilidad de los padres o tutores de oposición
a la resolución administrativa que acuerde el acogimiento, cuando
consideren que la modalidad acordada no es la más conveniente
para el menor, o si existen dentro del círculo familiar otras
personas más idóneas a las designadas. El plazo para formular tal
oposición es de dos meses, desde el momento en que la misma se
adopte.
El acogimiento al que se refiere es, tanto el familiar como el residencial
y tanto si deriva de la guarda asumida a petición de los
padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de la
Ley. (El citado párrafo del nº 3, artículo 172 se introduce por la Ley
54/2007)
b. El artículo 172.6. CC, por su parte, se refiere a la posibilidad de recurrir,
ante la jurisdicción civil, las resoluciones que aprecien el
desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de
la ley, en el plazo y condiciones determinados por la LEC. Remi-
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