Política y derecho: retos para el siglo XXI

se advierte previamente la existencia de la obligación del Estado y los
particulares de proteger dicho patrimonio.
El crédito agropecuario del artículo 66, y la educación para la paz, la
democracia y también para la protección del medio ambiente, contenida
en el artículo 67, son otras referencias de importancia.
No es posible dejar de mencionar el artículo 79, a pesar de las referencias
generales que sobre la Constitución Ecológica ha realizado la Corte
Constitucional, y que han sido señaladas a pie de página. Este artículo
consagra el derecho colectivo de todas las personas residentes en el
país de gozar de un ambiente sano. Derecho de tercera generación, que
constituye junto con el artículo 80, título habilitante o título de intervención
del Estado en los asuntos ambientales, sobre los que existe en
la actualidad una profusa Política Pública y un Sistema Nacional 6 . A su
vez, es el elemento distintivo del modelo de desarrollo sostenible, el
cual se une a las esferas económica y social para conformar un tríptico
alternativo a la visión atada al mero crecimiento económico.
Por su parte, el artículo 80 incorpora de manera explícita el concepto
desarrollo sostenible de la siguiente forma: “el Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución
[…]”. Nuestra interpretación de este artículo es amplia y no restringida
como algunos sostienen. La Carta Política de 1991 asume un tipo de
modelo de desarrollo, el sostenible, no sólo para planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, su conservación, restauración
o sustitución, sino como un modelo alternativo de desarrollo;
lo contrario sería desconocer la existencia misma del desarrollo, su
evolución histórico-epistemológica y dimensiones. El mismo ejercicio
6
La Ley 99 de 24 de diciembre de 1993 constituye la norma marco en materia
ambiental. Por su conducto se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el sector encargado de la gestión ambiental integral del país y se crea el
denominado Sistema Nacional Ambiental, definido como el conjunto de orientaciones,
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la
puesta en marcha de los principios generales ambientales acogidos por el Estado
colombiano.
El desarrollo humano sostenible como mandato constitucional:
¿fundamento axiológico-normativo vinculante o simple retórica? 133