Política y derecho: retos para el siglo XXI

introduce el concepto de saneamiento ambiental, el cual lo sitúa junto
con la salud, como obligaciones a cargo del Estado. En ese sentido viene
a indicar que es necesario controlar todos los factores, en particular
ambientales, que puedan tener incidencias sobre la salud de la población,
con carácter preventivo y no sólo curativo o paliativo.
El artículo 58 establece límites al máximo derecho de corte individualista
liberal: el de propiedad. La Carta señala que éste no es un derecho
absoluto, y que por el contrario, es una función social que implica obligaciones,
y que, como tal, le es inherente una función ecológica. Reafirmación
del lento pero decidido tránsito del derecho de propiedad
hacia finalidades sociales y ambientales.
El artículo 63 determina que los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Se reafirma que los bienes cuyo uso pertenece a todos, así como las
principales categorías de protección, por constituir riquezas naturales
o culturales, no pueden ser objeto de apropiación y, por tanto, están
fuera del comercio y tampoco pueden ser perseguidas judicialmente
para satisfacer pretensiones de vencidos en juicio. Configuración más
que justificada, pues fruto de una interpretación sistemática de la Carta
de la Comisión, en particular, de miembros procedentes de países en vías de desarrollo
se sintieron decepcionados por la definición final del concepto. Según las
deliberaciones, la expresión “desarrollo económico” que aparece en el documento
fue incluida a última hora, pues la redacción inicial sólo hacía referencia a la
expresión “desarrollo”. De allí entonces que haya surgido la pugna teórica entre
quienes distinguen entre sostenibilidad, como un modelo de desarrollo alcanzable
sólo por los Estados desarrollados quienes tienen resueltas sus necesidades
básicas y a los cuales sólo les queda incorporar la visión ambiental pura al modelo;
y quienes refieren a la sustentabilidad, para hacer referencia al modelo en el cual
la superación de la pobreza y la solución de las carencias básicas es requisito indispensable
para la plena protección ambiental. De allí entonces, que las inversiones
en materia ambiental de los países en vías de desarrollo deban ir aparejadas con
la ruptura clara y radical de las condiciones sociales y económicas que impiden el
disfrute de un ambiente de calidad. En nuestra opinión esta distinción está superada
y es necesario hacer referencia a un único concepto, la sostenibilidad, para
hacer referencia a ambas visiones, partiendo de esfuerzos diferentes, tal y como lo
señala de manera expresa la Carta de la Tierra de 1992.
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