Política y derecho: retos para el siglo XXI

con Martín Areste (2010, p. 34), que la Propuesta no tiene dicho objetivo
como prioridad, sino que por encima de él o al menos, al mismo
nivel, se encuentra el propósito de conseguir un régimen jurídico de
funcionamiento del mercado interior plenamente armonizado en las
materias afectadas.
En tercer lugar, se añade el inconveniente de que la armonización plena
impide a los Estados miembros reaccionar de forma rápida y flexible a
la hora de proponer los cambios que en cada caso exija la adaptación a
la realidad social; sin que tal capacidad de reacción pueda suplirse por
la Unión Europea, cuyo proceso de adopción de normas es lento, rígido
y complejo (Ebers, 2010, p. 12).
En cuanto al elemento territorial, la Propuesta sigue el consejo de la
Comisión Europea y dispone que se aplique tanto a contratos nacionales
como trasnacionales. Según señala la E. de M., la inclusión de los
contratos nacionales en el ámbito de aplicación de la futura Directiva
es conforme con el objetivo de simplificar el marco normativo comunitario,
ya que evita un régimen dual que acentuaría la fragmentación y
las distorsiones de la competencia entre las empresas que operan únicamente
en un marco nacional y las que tienen una actividad nacional
y trasnacional.
Finalmente, hay que admitir que la Propuesta simplifica y racionaliza
considerablemente el acervo sobre consumidores porque fusiona
(derogando) cuatro directivas (ventas fuera de establecimiento comerobligados
a variar sus definiciones nacionales, algunas de ellas más amplias que
la comunitaria. Así ocurrirá, por ejemplo, en España, donde, con buen criterio, el
legislador permite que puedan ser consumidores tanto las personas físicas como
las jurídicas (de igual opinión es Lete Achirica, 2009, p. 496).
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