Política y derecho: retos para el siglo XXI

los consumidores frente a tales negocios, 18 fundamentalmente porque
consideran que es menos probable que las empresas extranjeras
respeten la legislación sobre protección de los consumidores y
que es más difícil tramitar reclamaciones, proceder a devoluciones
o rebajas en el precio, o en general, lograr el cumplimiento de las
garantías.
Frente a ello, la Comisión planteaba, como mejor opción de futuro, la
de actuar normativamente mediante la adopción de un instrumento
horizontal, completado, cuando proceda, por normas sectoriales (como,
p. ej., la revisión de la Directiva sobre régimen de tiempo compartido).
De esta manera, la Comisión pretende simplificar y racionalizar el
acervo comunitario, a través de la disminución del volumen de actos
legislativos y la no repetición de conceptos comunes en distintas
directivas.
En relación con ese futuro instrumento horizontal, la Comisión
aconsejaba que fuera aplicable tanto a las transacciones nacionales
como a las transnacionales y que aspirara a lograr una armonización
plena, aun reconociendo la dificultad de conseguirla y el hecho de que
podría suponer la creación de nuevas barreras al mercado interior.
Terminada la parte dedicada a las conclusiones y planteamientos de
futuro, el Libro Verde incluía la consulta pública de determinadas
cuestiones para que cualquier interesado manifestase su opinión, para
lo cual concedía un plazo de dos meses, que finalizó el 15 de mayo
de 2007. Pues bien, la mayoría de respuestas a dichas cuestiones —
que se agrupaban en dos categorías: las comunes a la totalidad del
acervo (como la definición de consumidor) o a más de una directiva
(como el derecho de retractación) y las específicas del contrato
de compraventa— defendían, en coincidencia con la Comisión,
la adopción de un instrumento legislativo horizontal aplicable
a las transacciones nacionales y transfronterizas, basado en una
armonización plena específica y acompañado de una revisión vertical
18
De hecho, según el Libro Verde de 2007, son sólo un 26% los que adquieren
bienes o servicios en empresas establecidas en otros Estados miembros, y de ésos,
sólo un 6% lo ha hecho a través de Internet.
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