Política y derecho: retos para el siglo XXI

información y documentación clínica, reúne los principios básicos de la
relación médico-paciente en el ámbito español. De resaltar la incorporación
del derecho que tiene todo paciente o usuario a negarse al tratamiento,
excepto en los casos determinados en la ley, debiendo constar
su negativa al tratamiento por escrito y se reconoce el derecho que toda
persona tiene a que se respete su voluntad de no ser informada (art.
9.1), el cual deberá documentarse. Configura la información como un
deber para el personal sanitario y como un derecho básico para el paciente
a recibir información completa y veraz, sobre el que descansa el
derecho al consentimiento informado (art. 3, en el que se desarrolla su
definición), el cual deberá tomarse en toda actuación en el ámbito de la
salud del paciente. Clasifica la información a la que se tiene derecho en
la asistencial (arts. 4 y 5) y la epidemiológica (art. 6), que se caracteriza
por ser de público conocimiento cuando se comprometan riesgos para
la salud pública, o en el plano individual. Se reconoce que el derecho
a la información es de carácter personal y que gozan también las personas
vinculadas a el (extendiendo su ámbito de aplicación extra familiar),
en la medida que el paciente lo permita. Se regula quiénes son
detentadores de este derecho en circunstancias de incapacidad, entre
otros grandes avances. Se establece que la información (la idoneidad,
eficacia y contenido) se debe proporcionar verbalmente, dejando constancia
en la historia clínica, confinando que la carga de la prueba le
corresponde al personal médico. Por último, se consagra que el consentimiento
se debe tomar por escrito, en casos de intervención quirúrgica,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y en general en
todos aquellos actos médicos que impliquen riesgos o inconvenientes
de notoria y previsible repercusión, y estableciendo la procedencia de
la responsabilidad civil o administrativa dependiendo el caso del personal
por omisión de los deberes regulados en la ley.
De acuerdo con las competencias que en materia de sanidad están
transferidas a las distintas comunidades autonómicas, dichos deberes
son desarrollados por leyes propias. Tal es el caso por citar algunas
como la ley catalana 21/2000 del 29 de diciembre, que incluso de forma
anterior a la ley general, ya regulaba los derechos de información
concernientes a la salud y su documentación clínica. De igual forma
sucede con la ley gallega 2/2001 de 28 de mayo, la ley foral de Navarra
11/2002 del 6 de mayo, por citar algunas.
La información y el consentimiento informado
una materia pendiente en la relación médico-paciente 95