Política y derecho: retos para el siglo XXI

te, el paciente es un profano que no conoce ni el lenguaje técnico que
utilizan los médicos, y a su vez desconoce las consecuencias o riesgos
de la patología que padece, con lo cual se presenta así un choque de subculturas,
como lo menciona Lovence (2004: 181), pero a su vez un encuentro
de intereses, la recuperación o rehabilitación de la enfermedad.
Dicha asimetría hace que el paciente vea restringido su campo de expectativas
personales motivado principalmente por el conocimiento
del experto y por la posibilidad, real o no, de acceder a los tratamientos
y tecnologías disponibles (de acuerdo con sus recursos o coberturas sociales),
evidenciando un estado de indefensión frente a la enfermedad,
dejando en la experticia y confiando (fiando) en la palabra del médico
su tratamiento. Así, el paciente asume un rol del más débil frente al
poder científico del galeno, debido al estado de necesidad provocado
por la enfermedad; se evidencia que la discrecionalidad científica y los
tratamientos o diagnósticos identificados se optarán o aprobarán con
base en la información tanto que el médico posea, como la que transmita
al paciente.
El origen de la doctrina del consentimiento informado se encuentra
en la idea de libertad: en el derecho del paciente de ejercer un control
sobre su propio cuerpo, para decidir por sí mismo si se somete o no a
un tratamiento en especial. A ello se agrega que el deber del médico de
revelar tiene su mismo origen en los deberes secundarios de conducta,
doctrina de gran impacto y aceptación al interior del derecho privado,
que sustenta que en la fase de formación del consentimiento del contrato
deben gobernar los preceptos de lealtad, transparencia, solidaridad
y corrección, lo que se materializa en deberes accesorios que se imponen
a una de las partes (con ocasión a su experticia), siendo el de mayor
trascendencia la información (Monsalve, 2009: 151) . Sin duda de la
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