(TDPS) - Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

152 Opciones para la acción y perspectivas futuras
Finalmente, esta responsabilidad debe contemplar la
situación de los miles de familias y comunidades que
han vinculado su subsistencia a la actividad pesquera
y acuícola, y que siendo corresponsables han resentido
los efectos de este deterioro, por lo que la consulta
de la política a desarrollar es imperativa ante la
necesidad de contar con su compromiso a la hora de
garantizar la efectividad de los instrumentos regulatorios
resultantes.
5.2.3.3 El impacto de la vieja
y la nueva minería
Uno de los grandes temas que ha venido siendo objeto
de la mayor cantidad de conflictos ambientales
en los últimos años, es el encaramiento de la problemática
de la contaminación minera.
La situación descrita en el capítulo 3 tiene, sin embargo,
múltiples aristas en lo que respecta a las políticas
públicas aplicables. Así, las normas ambientales
establecen principios universalmente válidos en la
materia, tales como el de que “quien contamina
paga”; sin embargo, los parámetros establecidos no
se ajustan a la realidad boliviana y peruana, y más
particularmente a la de los mineros pequeños y la minería
cooperativizada, cuyos volúmenes de producción,
en la mayoría de los casos, no permiten encarar
inversiones para la mitigación de los impactos ambientales
generados y, mucho menos, las medidas de
remediación de los pasivos heredados en sus concesiones,
los mismos que se han acumulado a través de
una larga historia. Por otro lado, otras disposiciones,
como el Decreto Supremo 29577 en Bolivia, estipulan
que el 10% de las recaudaciones por regalías mineras
deberán ser invertidas por el Estado en obras de mitigación
ambiental, por lo que se relativiza la responsabilidad
de los actores económicos directos y se abre
un margen de confusión sobre quién es el responsable
de tomar las medidas legales establecidas. Esta situación
amerita una revisión y compatibilización de las
normativas minera y ambiental, además del fortalecimiento
de los órganos de fiscalización competentes
de cada país.
5.2.3.4 Gestión integral de residuos sólidos
Este otro importante componente de la política ambiental
no había merecido, hasta ahora, la necesaria
atención ni por parte de los gobiernos, ni por parte
de la ALT. Sin embargo, en la actualidad existen importantes
indicios de que esta situación está cambiando.
En el caso boliviano, el Ministerio del Medio Ambiente
y Agua ha desarrollado una normativa para impulsar
los Programas Integrales de Gestión Ambiental
de Residuos Sólidos (PIGARS) como una política de
alcance nacional que se encuentra bajo la responsabilidad
del Viceministerio de Servicios Básicos; mientras
que el MINAM ha incluido este tema, junto con
el ordenamiento territorial y el tratamiento de aguas
servidas, en el diseño de su programa de Municipios
Ecoeficientes y está apoyando a los municipios en los
que la problemática de la generación de basura es
más aguda.
Además de las acciones que se están desarrollando en
ambos países al respecto (ver capítulos 3 y 4), se recomienda
que las acciones de dotación de infraestructura
por parte de los gobiernos nacionales,
regionales y/o municipales vayan compaginados con
la necesaria política de información y sensibilización
de la población, sin cuyo concurso la mitigación de
los impactos esperada puede demorar mucho tiempo
en hacerse efectiva.
5.2.3.5 Monitoreo y adaptación
al cambio climático
Al constituir el cambio climático un fenómeno global,
las respuestas de política únicamente pueden limitarse
a mitigar sus efectos y contribuir a la adaptación de
la población y los ecosistemas a las variaciones atmosféricas
permanentes que vayan produciéndose,
particularmente en el control de aspectos que inciden
en la producción y seguridad alimentaria, energética,
la provisión de agua y la salud, y los de todos estos
factores, finalmente, en la economía.