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4. El mobiliario y las instalaciones;
5. Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del
empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el
arrendatario;
6. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la
fama comercial, y
7. Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades
propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos
celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho
establecimiento.” (Libro tercero, Título I, Capítulo I, Artículo 516)
Además de poseer los contratos de arrendamiento del establecimiento, los
propietarios o responsables del establecimiento comercial donde se presente el
espectáculo público, deben acordar por medio de contratos, la relación con las
personas que laboren en dicho espectáculo.
Así mismo, en el Artículo 23 se mencionan los actos que la Ley considera como
no mercantiles. En este, se menciona “la adquisición de bienes para producir
obras artísticas y la enajenación de éstas por su autor”. También se podría
pensar que la adquisición de un establecimiento para la producción de obras
escénicas podría considerarse no mercantil. Este aspecto obliga ahondar en la
Ley para determinar en qué casos sería mercantil la presentación de un
espectáculo y en qué casos no.
3.1.6 Código Civil de la Nación
De acuerdo con el Código Civil, en el caso que el establecimiento donde se
presenten los espectáculos públicos sea propiedad de una entidad sin ánimo
de lucro, se debe ajustar a los requisitos decretados en dicho Código.
El Código Civil, define y clasifica las personas jurídicas en su Título XXXVI. “Se
llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones
y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan
de uno y otro carácter.” (Artículo 633)
El Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimieron y reformaron
regulaciones, procedimientos o trámites existentes en la Administración
Pública, dentro de los que se encontraban algunos referentes al Código Civil,
determinó que se debía suprimir “el acto de reconocimiento de personería
jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las
juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de
lucro. Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán
por escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará,
cuando menos, lo siguiente:
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