Foro interdisciplinario. Orígenes de la violencia en México - CONAVIM

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Alfonso Valenzuela Aguilera
esencial para realizar el cambio estructural que se requiere. Si este tipo de
policía integra a la comunidad como cliente, le rinde cuentas y se enfoca a
la resolución de problemas, ya no será suficiente poner en operación programas
de acercamiento a la comunidad, sino una disposición a cambiar la
lógica interna del funcionamiento de la corporación. El término de policía
comunitaria puede implicar toda una serie de aproximaciones que van desde
mantener el orden, la reactivación de mecanismos de control social informal,
regulación de conductas antisociales, observación de normas comunitarias y
la coproducción de la seguridad.
La Ley de Cultura Cívica
y los derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) reconoce la
seguridad pública como un derecho humano fundamental, en el sentido de
que todos tenemos el derecho a vivir sin miedo. Recientemente, la Comisión
ha planteado el falso dilema entre sacrificar otros derechos humanos en aras
de la seguridad y la Ley de Cultura Ciudadana, que viene finalmente a criminalizar
la pobreza: “La Ley [de Cultura Cívica] tiende a criminalizar conductas
intermedias que —sin considerarse abiertamente delictivas— se asume que
producirán o se convertirán en delitos” (Álvarez Icaza Longoria, 2005).
Uno de los puntos más críticos de la aplicación de la Ley de Cultura
Cívica es que afecta a una población vulnerable compuesta por indigentes,
niños de la calle y sexo servidoras, entre otros, y que aumenta los márgenes
de discrecionalidad para detener a cualquier individuo que sea considerado
como sospechoso. En la ciudad de México, la policía ha sido caracterizada por
la población como una institución corrupta, protegida por una estructura de
impunidad e insensible a las necesidades de la población, por lo que una mayor
discrecionalidad se convertiría en un espacio privilegiado para la corrupción.
La aplicación de estas sanciones derivaría seguramente en el cambio de localización
de las actividades o de giro, pero que puede ser igualmente ilícito.
Por otra parte, si bien se crearon 70 juzgados cívicos encargados de atender