Foro interdisciplinario. Orígenes de la violencia en México - CONAVIM

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Mesa iii. Desde el enfoque del desarrollo urbano
Sin embargo, en la ciudad de México la aplicación de esta política tuvo
como primera acción la edición de la Ley de Cultura Cívica, fundamentada
en la teoría de los cristales rotos, que sostiene que la no contención oportuna de
la degradación del espacio físico de la ciudad debilita la noción de pertenencia
de los ciudadanos, que lo conciben como peligroso, e impide que se fortalezca
el control social. La estrategia se funda en la elevación de las dificultades de
delinquir como mecanismo para disuadir la comisión de delitos. La Ley ha sido
considerada violatoria de los derechos humanos.
La política de tolerancia cero va más allá del mantenimiento del orden
y de la disuasión de los delincuentes, y se conecta con la imposición de la
disciplina social a los grupos más pobres, por lo que sirve de sostenimiento a la
exclusión social. Los espacios de discrecionalidad que la Ley permite refuerzan
la noción de que la corrupción policiaca aumenta de manera proporcional con
el aumento de la discrecionalidad y genera condiciones para el irrespeto a los
derechos humanos.
En la ciudad de México, la tolerancia cero fue selectiva en relación
con los contenidos constitutivos del modelo, de forma tal que elementos
centrales de éste, como el incremento del control y la depuración de
los institutos policiales, no fueron oportunamente considerados, a pesar
de que el modelo los concibe como prerrequisitos. De igual forma, no se
atendieron las experiencias de otros países, en donde los componentes preventivos
y de involucramiento de redes sociales al tema de la seguridad
resultaron instrumentos exitosos. Prácticas como la rehabilitación de espacios
públicos para la convivencia, que demostraron su eficacia para la reapropiación
ciudadana de la ciudad, no han sido aplicadas en forma adecuada en México.
La seguridad pública es definida como la imposición del cumplimiento
de la ley, la seguridad en espacios públicos y la prevención del delito mediante
el empleo de mecanismos disuasorios y el control social. En contraposición,
la seguridad ciudadana surge como un concepto que desafía la noción de
seguridad pública, dado que en la primera el Estado es quién establece el bien
público a proteger. La noción de seguridad ciudadana invoca el carácter de
servicio social de la acción policial y la participación ciudadana en la toma
de decisiones y la prevención del delito.