Foro interdisciplinario. Orígenes de la violencia en México - CONAVIM

Violencia y control social del territorio: políticas de seguridad pública en la ciudad de México 141
de manera eficiente, conciliadora y expedita los delitos menores, la Ley no
garantiza la independencia de los jueces cívicos, dado que dependen y pueden
ser removidos por el jefe de gobierno en funciones.
Es interesante comparar la visión del secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal: 7 a partir de la observación de las garantía individuales y
el cumplimiento de las leyes propone “establecer reglas mínimas de comportamiento
cívico y garantizar [así] el respeto a las personas, los bienes públicos
y privados” (Ortega, 2005). La cuestión de fondo es que se sigue planteando
el problema de la inseguridad de manera unilateral, como una cuestión que
sólo tiene que ver con el cambio de conducta del ciudadano. “Con la Ley
de Cultura Cívica, los ciudadanos deben visualizar el beneficio colectivo
para que estén dispuestos al cambio de conducta individual y a vencer
las resistencias derivadas de los malos hábitos y prácticas viciadas”
(Ortega, 2005).
Por otra parte, el secretario apelaba a los principios de “corresponsabilidad,
solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e identidad” en los que se
basa la Ley en cuestión, pero no quedaban claros los instrumentos concretos
para alcanzar los objetivos y, sobre todo, no se explicitaban las medidas equivalentes
que habría de tomar la corporación policiaca. Otras de las críticas a la
Ley es que fija derechos y deberes a los ciudadanos, condicionando de alguna
manera la función que por principio debe cumplir la autoridad en materia de
seguridad pública. Además, establece infracciones contra “la tranquilidad
de los vecinos” o contra “el entorno urbano de la ciudad de México”, cuestiones
que por su ambigüedad podrían derivar en el control excesivo de
cualquier actividad disidente de la ciudadanía.
El frágil equilibrio entre la ciudadanía y las autoridades queda en entredicho
cuando analizamos una muestra sobre las quejas presentadas ante la
cdhdf en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (pgjdf) (López Ugalde, 2003). En esta muestra se
concluye que la mayor parte de las quejas va dirigida en el sentido de que la
acción penal no se ejerció cuando debía hacerlo, sobre todo por razones de
7. Joel Ortega fue designado directamente por el presidente Vicente Fox como nuevo
jefe de la policía al ser removido Marcelo Ebrard, a partir de los sucesos de Tláhuac, en
noviembre de 2004.