Montse Quesada

tercero de los anexos se relacionan con los principios éticos
enunciados por Fairfield y Shtein (2014).
En cuanto al primer principio, relativo al consentimiento de las
fuentes, los criterios cuatro y cinco del código deontológico catalán
guardan cierta relación con él, como se puede observar a
continuación: Criterio tres. --Utilitzar mètodes dignes per a obtenir
informació o imatges, sense recórrer a procediments il·lícits. Criterio
cinco.-- Respectar l'off the record quan aquest hagi estat
expressament invocat, d'acord amb la pràctica usual d'aquesta norma
en una societat lliure (Col·legi de Periodistes de Catalunya: 1992) 1 .
El criterio seis también se sitúa en esta línea, al reconocer el derecho
de las personas a no proporcionar información ni responder
preguntas, especialmente cuando versen sobre temas delicados como
la salud. Este criterio seis va más allá al concluir así:
Pel que fa a assumptes relacionats amb les administracions públiques,
el dret fonamental a la informació ha de prevaler sempre per damunt
de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el principi de la
transparència informativa a la que estan obligades (Col·legi de
Periodistes de Catalunya: 1992) 2 .
La transparencia y el derecho de acceso a la información, por tanto,
en lo referente a los datos de las administraciones públicas son
fundamentales en el ejercicio periodístico. Ambos conceptos son
básicos en el ejercicio del Periodismo de datos.
El tercer principio de Fairfield y Shtein tiene que ver con los daños y
perjuicios causados por la revelación de información. En este sentido,
este principio se relaciona con el criterio dos, que obliga a evitar la
difusión de informaciones imprecisas y sin base suficiente “que
1
Traducción: “4. Utilizar métodos dignos para obtener información o
imágenes, sin recurrir a procedimientos ilícitos. 5. Respetar el off the record
cuando éste haya sido expresamente invocado, de acuerdo con la práctica
habitual de esta norma en una sociedad libre”.
2
Traducción: “En cuanto a asuntos relacionados con las administraciones
públicas, el derecho fundamental a la información debe prevalecer siempre por
encima de cualquier restricción que vulnere injustificadamente el principio de la
transparencia informativa a la que están obligadas”.
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