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Montse Quesada

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público absoluto… todos los cargos públicos, todo lo que pueda<br />

manejar dinero público, tiene que estar transparente: esa es la línea<br />

roja, dinero público”.<br />

Por su parte Jesús Escudero cita un documento firmado por el<br />

Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de<br />

Datos, estableciendo el criterio de que en el caso de “los altos cargos,<br />

los datos personales tienen que estar supeditados a la ley de<br />

transparencia. Otra cosa es que se cumpla la ley o no”. Y matiza que<br />

debería ser así, al menos, de subdirectores generales para arriba: “otra<br />

pregunta es si estos datos privados han de ser extensibles a todos los<br />

funcionarios públicos”.<br />

8. Discusión<br />

La Ley y el Portal van de la mano: con una Ley de Transparencia<br />

insuficiente no se puede esperar un Portal mejor que la Ley desde la<br />

cual nace. Para ello, sería necesario que los funcionarios públicos<br />

encargados de las peticiones de información y publicación de los<br />

datos públicos tuvieran una cultura de la transparencia que los llevara<br />

a suplir esta insuficiencia de la Ley. Por ende, ante esta falta de cultura<br />

de la transparencia habría que modificar la Ley para obligar a los<br />

funcionarios a cumplir con los tiempos establecidos por esta, al<br />

tiempo que obligara y no „instara‟ a las instituciones públicas a<br />

publicar sus datos: nada de esto es posible sin una Ley con facultades<br />

sancionadoras.<br />

Sin una facultad sancionadora de la Ley y el actual silencio<br />

administrativo negativo que la rige, hay pocos resultados para una<br />

apertura de datos efectiva en España. Esto repercute directamente en<br />

el ejercicio del Periodismo de datos y los periodistas de datos lo<br />

hacen notar: no es casual entonces que el Periodismo de datos de<br />

datos en España se esté manteniendo en un estado incipiente a pesar<br />

del boom que tuvo esta disciplina a lo largo de 2015.<br />

Otro punto a tener en cuenta es el desequilibrio entre la protección<br />

de datos personales de un funcionario público y la Ley de<br />

Transparencia: a pesar de que en el caso de los altos cargos públicos<br />

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