SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-PPTC,
0016-2014-131/TC, N° 0019-2014-P1/TC Y
N° 0007-2015-PI/TC
Precisiones previas.
Antes de desarrollar las razones que fundamentan la posición que asumo en el
presente voto singular, respondiendo al dictado de mi conciencia, debo formular
las siguientes precisiones previas, que explican desde mi punto de vista, en gran
medida, la posición contenida en la sentencia de mayoría:
1.1 En primer lugar, dejar constancia que observo con preocupación que en
numerosos casos que hemos resuelto y en los cuales he tenido una posición
discrepante, se han presentado dos situaciones que, a mi parecer, no se
condicen con la impartición de una Justicia Constitucional garantista y
finalista, que es la que debe llevar a cabo nuestro Tribunal Constitucional.
Tales situaciones, que percibo distorsionantes de la más alta judicatura
constitucional nacional, las describo así:
Primera distorsión: variación del eje de preocupación que corresponde
asumir al Juez Constitucional cuando resuelve una controversia
constitucional; y
Segunda distorsión: variación del ángulo de observación desde el que el
Juez Constitucional debe analizar la problemática materia de examen en
el proceso constitucional en que intervenga.
1.2 La primera situación de distorsión consiste en que, en muchos casos, el eje
de preocupación no ha sido garantizar la vigencia efectiva del derecho
fundamental que se invoca en la demanda como amenazado o violado -
cuando se trata de los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y
cumplimiento- o garantizar la primacía de la Constitución que se alega
afectada por infracciones normativas infraconstitucionales o por violaciones
al cuadro de asignación competencial establecido por el Legislador
Constituyente -cuando se trata de los procesos de inconstitucionalidad o
competencial-; sino que han sido otros ejes, tales como, por ejemplo, el
equilibrio presupuestal, el ordenamiento en la contratación pública, la lucha
anticorrupción, los alcances mediáticos de la decisión o los efectos
producidos en el terreno fáctico, entre otros, los cuales si bien son
importantes, no deben constituirse en la preocupación primordial del Juez
Constitucional y, menos aún, determinante para orientar su veredicto, ya que
en puridad escapan a sus competencias y distraen, obstaculizan y
distorsionan el enfoque que le corresponde asumir en armonía con los fines
esenciales de los procesos constitucionales regulados en los artículos 200° y
202° de la Carta Fundamental de la República; fines que, con claridad y
contundencia, desarrolla el artículo 2° del Código Procesal Constitucional
en los términos siguientes: "Son fines esenciales de los procesos
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