SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TRIBU IALCONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 18
a Constitucioi npone al Estado el deber de aseguramiento de la calidad de la
educación superior u ' ersitaria, con el fin de garantizar el desarrollo integral de la
persona humana a través de la formación profesional, la difusión cultural, la
creación cultural y artística, y la investigación científica y tecnológica.
— La politica de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria tiene
alcance nacional y, por ende, su diseño y supervisión constituye una competencia
exclusiva del Poder Ejecutivo.
— El bloque de constitucionalidad para resolver el presente caso debe comprender el
artículo 22.2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en cuanto dispone que "Los
Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y
sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas".
— La autonomía no puede resultar un obstáculo para la supervisión de la calidad de la
educación universitaria. Por ende, no puede considerarse como sinónimo de
autarquía; y, en consecuencia, ninguna universidad se encuentra exenta de un
proceso de evaluación externo riguroso.
— Las "recomendaciones", por definición, no tienen carácter obligatorio. Cosa distinta
es que puedan servir de referencia para los órganos que evalúan el cumplimiento de
los deberes que impone la Ley impugnada.
— No existe una "discriminación jurídicamente relevante" entre las universidades que
cuentan con autorización definitiva y aquellas que poseen autorización temporal de
seis años, sin mencionar que el término de comparación ofrecido es inválido.
— La forma de designación del Superintendente de la SUNEDU no atenta contra la
autonomía universitaria porque las funciones del referido funcionario no inciden en
las ipotestades que tienen las universidades en su régimen normativo, de gobierno,
10 émico, administrativo y económico, de conformidad con el último párrafo del
0,1
if culo 18 de la Constitución.
Existe una interferencia en la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, pero
1 esta es legítima y proporcionada, ya que permite alcanzar un alto grado de
satisfacción del derecho a la educación universitaria.
/ — Podría existir algún nivel de interferencia en la libertad de empresa y el pluralismo
económico, pero resulta constitucionalmente legítima a la luz de un alto nivel de
satisfacción y a la luz del derecho de los usuarios del servicio que prestan las
universidades sin fines de lucro y del derecho a la educación universitaria.
— No existe vulneración al artículo 2, inciso 17, referido al derecho a la elección, toda
vez que la propia ley objeto de cuestionamiento indica que la asamblea estatutaria
establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su
designación en reemplazo de las autoridades vigentes.
Contestación de la demanda recogida en el Expediente 0016-2014-P1/TC
Los artículos 13 al 19 de la Constitución garantizan una "educación para la vida" y,
por tanto, es deber del Estado implementarla y promoverla.