SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBU
CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 55
tiempo ra able, las universidades o sus filiales no alcancen el necesario de
calidad educat a, "deberá procederse a su clausura y disolución".
165.De otro lado, cuando la Ley establece la posibilidad de denegar, suspender o
cancelar las licencias, resulta evidente que se requiere para ello de resolución
motivada con fundamento en la calidad del servicio educativo, o en la
comisión de infracciones que tengan prevista esa sanción, de acuerdo con el
artículo 21 de la Ley.
66.Estas medidas no intervienen en el derecho a la libertad de asociación, toda
vez que no implican la disolución de una persona jurídica dedicada al
quehacer universitario, sino solo la denegatoria o cancelación de la licencia
otorgada a esa persona jurídica para el ejercicio de la actividad universitaria,
pudiendo realizar cualquier otra que resulte ajustada a su objeto social.
167.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
\ D.2.7. DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE
168.Los Colegios de Abogados demandantes en los Expedientes 00014-2014-
PI/TC y 00019-2014-P1/TC sostienen que la designación del superintendente
::: SUNEDU, a cargo del Ministerio de Educación, es inconstitucional, por
,Into ello, en su opinión, representa una clara intromisión política en el
mbito universitario.
ilP •
169.Este Tribunal Constitucional entiende que del hecho de que uno de los
O El poderes del Estado designe a determinados altos funcionarios no se deriva,
necesariamente, que exista una relación de dependencia respecto de dicha
instancia.
170.Cosa distinta a ello es la de garantizar que el procedimiento de designación
en cada caso en particular debe garantizar que no exista interferencia política,
especialmente si se trata del nombramiento de alguien que conduce una
entidad competente para supervisar la labor de otras, y a quienes la
Constitución les garantiza autonomía.
171.E1 Congreso de la República, por ejemplo, designa a los Magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a parte de los miembros del
directorio del Banco Central de Reserva, respetando para ello un marco
garantista previamente establecido, y esto no transforma a quienes fueron
elegidos por el Congreso en representantes o funcionarios subordinados al
poder político.