SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUN 7 CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 77
y trabajadores que resulten afectados" (STC 00017-2008-AI/TC, Punto
resolutivo 4.b.ii).
324.Esta última afirmación supone la exigencia implícita de que los organismos
públicos, y el legislador entre ellos, adopten medidas correctivas de la
situación en el plazo más breve posible, en interés de la calidad de la
educación superior universitaria.
325.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
D.9.3. PLAZO DE ADECUACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
326.Los Congresistas, en el Expediente 00016-2014-PI, sostienen que la
Disposición Complementaria Transitoria Tercera resulta inconstitucional, por
cuanto el plazo brindado para la adecuación de docentes tanto de
universidades públicas como privadas es mínimo.
327.Los Congresistas demandantes añaden que el plazo dado a los docentes de las
universidades públicas y privadas presupone pretender que aquellos se van a
dedicar única y exclusivamente a la docencia, lo que en nuestro país es una
presunción carente de toda razonabilidad.
• e caso, como en el anterior, el plazo para la adecuación de los docentes
se encuentra constitucionalmente mandado o prohibido; y, por ende, cae
ro del ámbito de diserecionalidad del legislador, pero, en todo caso, debe
e : resultar proporcionado y materialmente posible.
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329.Sin embargo, y de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley impugnada, el
plazo de duración de los estudios de maestría y doctorado, alcanza, en
conjunto, un período similar al otorgado por la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria para la adecuación. Por lo tanto, si bien no puede
calificársele como desproporcionado, justo es reconocer que no resulta fácil
cumplirlo, tomando en cuenta la dedicación y disponibilidad de tiempo con
que cuentan los profesionales al respecto.
330-Ahora bien, este Tribunal Constitucional considera que, atendiendo a la
gravedad de la consecuencia prevista, el muy apretado margen de tiempo
entre el plazo de duración de los estudios y el de adecuación, y la
incertidumbre existente sobre cómo comprender este precepto de la Ley, debe
entenderse que el cómputo de este plazo regirá desde el momento en que se
publique la presente sentencia en el diario oficial El Peruano.