SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-PI/TC, N°
0016-2014-PUTC, N° 0019-2014-PI/TC Y
N° 0007-2015-PI/TC
en el ejercicio de toda potestad legislativa. Como tal implica facultad de
autodeterminación institucional y protección frente a todo intento de
injerencia no permitida por la Constitución.
7.3 En el caso específico de la universidad, y por lo que respecta a lo
establecido en el precitado artículo 18° de nuestra Norma Fundamental, la
garantía de la autonomía aparece como un postulado incuestionable cuyos
alcances se proyectan principalmente (aunque no exclusivamente) en el
escenario de cinco ámbitos esenciales: el normativo, el de gobierno, el
académico, el administrativo y el económico. En cada uno de estos últimos
supone, como es obvio, la capacidad de toda universidad, para decidir lo
más conveniente a sus propios objetivos, siempre que tal toma de decisiones
opere dentro del marco de los principios y valores del Estado
Constitucional.
7.4 Decir esto último es sumamente importante, pues aunque el reconocimiento
de la autonomía y su necesaria protección resulta elemento esencial del
engranaje constitucional, ello no supone tampoco la asunción de posiciones
de suyo maximalistas o que desnaturalicen su verdadero sentido.
7.5 En el contexto descrito y cuando la Constitución reconoce la autonomía
como garantía institucional de las universidades, ciertamente no está
creando un régimen jurídico fuera del Estado, pero si reconociendo que
desde el punto de vista de lo que representa la institución universitaria, le
asiste plena capacidad para organizarse, gestionarse y darse sus respectivas
normas conforme a sus propios lineamientos o elementos de discernimiento.
7.6 Evidentemente la autonomía no significa desconocer el marco de garantías,
ni menos el de derechos fundamentales, pero si presupone que lo que le es
intrínseco a la universidad, a partir de su creación y funcionamiento, cuya
autorización debe establecer la ley por mandato del mismo artículo 18° de la
Carta Constitucional de la República, esté librado al ámbito de sus propias
decisiones; debiendo ser las reglas establecidas en el régimen económico
constitucional, las que determinen su desarrollo, en base a su calidad,
eficiencia y diligencia, en armonía con una economía social de mercado y
los principios generales de tal régimen, tales como libre iniciativa, rol
económico del sector público y del sector privado, pluralismo económico,
libre competencia y libertad de contratar, entre otros, recogidos en los
artículo 58°, 59°, 60°, 61° y 62°, respectivamente, de la misma
Constitución. Asumir una posición contraria supone desconocer la garantía
institucional universitaria recogida por el Legislador Constituyente Peruano
y los principios, así como reglas del sistema económico constitucionalizado,
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