SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TRIBUN CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 59
194.Este Tribun onstitucional tiene resuelto que en una economía social de
mercado, el derec o a la libertad de empresa, junto con los derechos a la libre
iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la libertad de industria y a la
libre competencia, son considerados como base del desarrollo económico y
social del país, y como garantía de una sociedad democrática y pluralista.
Coincidentemente con esta concepción, la Constitución, en su artículo 60,
reconoce expresamente el pluralismo económico, y que la empresa tiene las
características de promotora del desarrollo y sustento de la economía nacional
(STC 01963-2006-AA/TC).
195.La libertad de empresa constituye, entonces, un principio que garantiza el
derecho de todas las personas de participar en la vida económica de la nación
(inciso 17 del artículo 2 de la Constitución). Los denominados poderes
públicos no sólo deben respetar esa decisión, sino que, además, deben
orientarla, estimularla y promoverla, conforme lo señalan los artículos 58 y
59 de la Constitución.
196.De otro lado, en la STC 01405-2010-PA/TC se ha sostenido que, cuando el
artículo 59 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de empresa,
está garantizando a todas las personas una libertad de decisión no solo para
crear empresas (libertad de fundación de una empresa). Por ende, la libertad
de empresa, además de ser necesaria para actuar en el mercado (libertad de
o al mercado), es también relevante para establecer los propios objetivos
ada empresa (libertad de organización del empresario) y dirigir y
nificar su actividad (libertad de dirección de la empresa) en atención a sus
recursos y a las condiciones del propio mercado, así como la libertad de
cesación o de salida del mercado (Fundamento Jurídico 15).
197.Como lógica consecuencia de lo expuesto, dicha libertad de empresa debe
desenvolverse en el marco de la Constitución y la ley, recabando las licencias
y autorizaciones que resulten indispensables para el desenvolvimiento de cada
actividad.
198.Corresponde, entonces, también tener presente que el artículo 15 de la
Constitución garantiza que toda persona, natural o jurídica tiene el derecho
"de promover y conducir instituciones educativas". Tal actividad debe
desarrollarse en las condiciones previstas por el legislador, ya que, de acuerdo
con el segundo párrafo del artículo 18, "La ley fija las condiciones para
autorizar su funcionamiento".
199.Naturalmente que si de lo que se trata es de autorizar la creación de
instituciones de educación, las condiciones que se vayan a establecer no
pueden referirse a un control de carácter ideológico o político, pues, en tal