SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-PI/TC, N°
0016-2014-91/TC, N° 0019-2014-PI/TC Y
N° 0007-2015-91/TC
10. El requisito de grado de magister para la enseñanza en pregrado.
Desde mi punto vista, no es constitucional exigir que para la enseñanza
universitaria en nivel de pregrado, deba ostentarse el grado de Magister o el de
Doctor, porque ello atenta contra lo establecido en el artículo 2°, incisos 2
(derecho de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación), 14 (derecho a
contratar), 15 (derecho al trabajo y al ejercicio de la profesión) y en el artículo 17°
(derecho a participar en la oferta educativa), entre otros, de quien ha obtenido el
título profesional correspondiente, ya que es evidente que en dicha condición ha
adquirido el derecho de ejercer libremente su profesión, entre cuyas dimensiones
se encuentra también la docencia, en el ámbito de su profesión.
11. Mi posición puntual respecto a algunas de las normas impugnadas.
Considero que la sentencia en mayoría asume una postura equivocada en relación
a las diversas normas que han sido materia de cuestionamiento.
En tal sentido, y sin perjuicio de la orientación inconstitucional que claramente
advierto de su contenido y que aquí declaro, siguiendo el orden temático que he
enunciado en el presente voto singular, procedo a una referencia puntual a algunas
de las normas cuestionadas:
Sobre la autonomía Universitaria:
De los extremos planteados en las demandas de inconstitucionalidad como
contrarios a lo establecido en la Constitución, estoy convencido que el más
sensible de todos tiene que ver el tema de la autonomía y sus implicancias
en el ámbito de la institución universitaria.
11.2 En este contexto, considero que la previsión contenida en el artículo I° de
la Ley 30220, cuyo texto establece que el objeto de la misma, es normar la
creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, resulta
abiertamente contrario a la garantía institucional de la autonomía, habida
cuenta que permite una intervención desproporcionada del Estado mas allá
de lo que representa la legítima facultad de crear universidades por
conducto legal y garantizar su funcionamiento conforme a sus estatutos.
11.3 Si evidentemente y como lo dice la citada norma, se pueden supervisar e
incluso cerrar universidades conforme a los parámetros en ella
establecidos, el concepto de autonomía resulta virtualmente desvirtuado,
cediendo paso a una concepción en la que a nombre de lo que disponga la
ley, todo el funcionamiento universitario queda abiertamente
condicionado. En adelante, la universidad no es pues una institución que
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