SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
un servicio público. Si bien se requieren fuentes de financiación diversificadas,
privadas y públicas, el apoyo público a la educación superior y a la investigación
sigue siendo fundamental para conseguir que las misiones educativas y sociales se
cumplan de manera equilibrada (apartado 12).
11. Por otro lado, el hecho de que la educación universitaria sea un servicio público
involucra que el Estado ejerza un rol directo en la configuración de una política
pública en esta materia que garantice los fines de la educación universitaria, su libre
acceso, su pertinencia entre otros estándares necesarios que se derivan de la
Constitución y los tratados de derecho internacional. Igualmente, el rol del Estado
se justifica también en el hecho de que por mandato expreso de la Constitución, el
artículo 58 se establece que el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad,
servicios públicos e infraestructura.
2. Así, el Estado tiene el deber irrenunciable de velar por la calidad de la educación,
de supervisarla y de formular la política nacional en materia educativa, lo cual se
encuentra plasmado en el artículo 16 de la Constitución. Al respecto, el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado de manera específica señalando que se trata de un
deber irrenunciable por parte del Estado, en especial por la naturaleza de medio y
fin de la educación:
(...) si el derecho fundamental a la educación tiene un nivel axiológico de singular
importancia en el orden constitucional, merced a la relación simbiótica que existe entre
el acceso al conocimiento y la optimización del principio-derecho a la dignidad (articulo
I° de la Constitución), y entre aquél y el libre desarrollo de la personalidad del ser
humano (articulo 2° 1 de la Constitución), entonces toda actividad humana que participe
del proceso educativo debe estar orientada a garantizar "el desarrollo integral de la
persona humana" (artículo 13° de la Constitución) y, en el caso específico de la
educación universitaria, a garantizar "la formación profesional, la difusión cultural, la
creación intelectual y artistica y la investigación científica y tecnológica" (artículo 18°
de la Constitución). En consecuencia, la actividad educativa universitaria debe contar
con la irrenunciable, eficiente eficaz y permanente supervisión y fiscalización del
Estado a efectos de asegurar su accesibilidad su calidad y el cumplimiento de los fines
exigidos por la Norma Fundamental.°
2.2. La crisis de la universidad peruana y el estado de cosas inconstitucionales
respecto de las instituciones de educación superior (universitaria y no
universitaria)
13. En la aludida sentencia recaída en el expediente 0017-2008-PPTC el Tribunal
Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales respecto de la situación
de la educación universitaria en el país. Entre los mandatos que estableció dicha
sentencia, se hizo referencia a la necesidad de crear una Superintendencia altamente
especializada, objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente por el Estado,
Expediente N.° 00017-2008-PI(TC, EJ. 163.