SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUN ONSTITUCIONAL
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Caso Ley Universitaria 24
orden jurídic , simplificación del ordenamiento jurídico. Todas estas
posibilidades de labor interpretativa deben configurarse de acuerdo con los
parámetros constitucionalmente establecidos.
14. Junto a lo recientemente expuesto, otro importante efecto de este
redimensionamiento del rol de la Constitución es el de la denominada
"constitucionalización de la política". Lo político y lo jurídico no son lo
mismo, pero en un Estado Constitucional lo político, lo social o lo económico
no pueden manejarse al margen de lo dispuesto en los diferentes preceptos
constitucionales y de lo que se infiere de ellos. Aquello pondrá en debate la
pertinencia de mantener figuras como las "political questions", "actos
políticos" o "actos de gobierno", las cuales hoy apuntan a la conveniencia de
reconocer la existencia de ciertas actuaciones que, por su naturaleza, no
deberían ser revisadas bajo parámetros jurídicos en sede jurisdiccional.
15. Sin embargo, también hay otras expresiones de este fenómeno que convendría
tener presentes. Como es de conocimiento general, el desarrollo de las
actividades habitualmente asignadas al Estado incluye el diseño y la
materialización de diversas políticas públicas. Ahora bien, la desconfianza en
el quehacer estatal en general, reforzada con los reparos también existentes a
la labor de organismos más "políticos" o "político partidarios", sin entrar aquí
a discutir si estos puntos de vista se condicen con la realidad de las cosas, ha
generado múltiples efectos.
Además de una mayor transferencia o delegación de funciones a particulares,
entre otros, uno de estos efectos es, sin duda, el reclamar que los jueces y
juezas constitucionales no solamente controlen, sino que incluso pasen a hacer
sugerencias y tener iniciativas frente a la configuración de políticas públicas,
para así asegurar la constitucionalidad de las mismas (en ese sentido, por
ejemplo, conviene revisar las denominadas "sentencias estructurales", usadas
en ordenamientos jurídicos iberoamericanos como el colombiano o el
costarricense). Sin pronunciarnos aquí sobre este último aspecto, pues lo que
aquí importa es justificar bajo qué consideraciones puede hacerse un control
de políticas públicas en sede jurisdiccional, se alega que si hoy la legitimación
del poder en un Estado Constitucional es jurídica, y si aquello básicamente se
tutela y potencia en sede jurisdiccional, se puede entender, tal como se ha
señalado en la última Conferencia Internacional de Tribunales y Cortes
Constitucionales, que los jueces y juezas constitucionales pueden evaluar la
constitucionalidad de ciertas políticas públicas, máxime si hoy asumen labores
de integración social.
17. Esta integración social, siquiera enunciativamente, alude a apuntalar
elementos de cohesión social (búsqueda de que toda persona pertenezca a una