SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Caso Ley Universitaria 62
215.En relaci ' con el artículo 39, se advierte que remite al estatuto de cada
universidad I egulación del régimen de estudios, y si bien no fija un criterio
universal estándar, señala que debe optarse "preferentemente" bajo el sistema
semestral, por créditos y con currículo flexible.
216.Queda claro, entonces, que no se impone un diseño curricular determinado.
Es más, la disposición impugnada establece que las modalidades de estudio
pueden ser diversas, incluyendo aquellas que califica como presencial,
semipresencial o a distancia.
217.De otro lado, la regulación sobre las condiciones de carga horaria y la
configuración del crédito académico, por su parte, no se revela contrarias a la
Constitución.
218.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en el extremo
relacionado con el artículo 139 de la Ley 30220.
D.5. GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
219.Respecto al capítulo relacionado con el gobierno de las universidades, se han
impugnado los artículos 56, 57, 59 y 78 de la ley. Debe analizarse por
separado la inconstitucionalidad de la regulación de la Asamblea
Universitaria y sus atribuciones, y, luego, la disposición relacionada con las
competencias del Consejo Universitario.
NIBLEA UNIVERSITARIA Y SUS ATRIBUCIONES
1 Colegio de Abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-PI/TC,
impugna el artículo 57 de la ley, por considerar que vulnera la autonomía
universitaria. Por su parte, los Congresistas, en el Expediente 00016-2014-Pl,
sostienen que los artículos 56 y 57.6 resultan inconstitucionales, por cuanto
vulneran la autonomía universitaria.
22I.En relación con la Asamblea Universitaria, surge del texto de la disposición
que se encuentra integrada por representantes de todos los sectores de la
comunidad universitaria, incluyendo a las autoridades electas, profesores,
estudiantes, graduados e incluso de los trabajadores administrativos.
222.Esta regulación adoptada por la ley universitaria, y en particular, la
participación de los estudiantes, que es el aspecto impugnado por los
Congresistas, no resulta contraria a la Constitución, por cuanto el legislador
democrático puede modificar el régimen al que deben sujetarse las
instituciones que imparten educación superior.