SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CIO
SI•l■
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 00014-2014-P1i fe
LIMA NORTE
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NORTE
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA
Considero que la sentencia en mayoría desestima indebidamente las demandas. En mi
opinión, la Ley 30220, Ley Universitaria, contraviene la Constitución Política del Perú,
al imponer un modelo burocrático y controlista de la educación universitaria. Éste vulnera
la autonomía universitaria, y compromete el derecho de acceso a la educación y a
la libertad de pensamiento; además, vulnera los principios generales del régimen constitucional
económico.
La pretensión principal de las cuatro demandas es que se declare que la ley afecta la autonomía
universitaria. Ésta está consagrada en el último párrafo del artículo 18 de la
Constitución en los siguientes términos: "Cada universidad es autónoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes."
La ley desconoce esta autonomía desde que su artículo 8 dice: "La autonomía inherente
a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
presente Ley y demás normativa aplicable." Así, circunscribe la autonomía universitaria
más que la Constitución, pues ésta queda acotada no solo por la Constitución y las
leyes sino también por los dispositivos emitidos por el Ministerio de Educación y la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La sentencia en mayoría se pronuncia al respecto de manera confusa. Su fundamento
73 dice: "Corresponde, entonces, aquí aclarar que una interpretación literal del párrafo
in fine del articulo 18 de la Constitución conduciría al contrasentido de sostener que las
universidades no pueden regirse por su propio estatuto y reglamentos." Una interpretación
literal, sin embargo, no conduce a ello sino a entender que la autonomía universitaria
solo está circunscrita por la Constitución y las leyes, no por normas infralegales.
El objetivo de la Constitución, evidentemente, es proteger a las universidades de
estar sujetas a intereses políticos circunstanciales.
La vulneración de la autonomía universitaria radica también en las facultades y organización
de la Sunedu. El artículo 15 contiene una larga —y meramente enunciativa—
enumeración de funciones de la Sunedu. Además, el artículo 9 establece que "Cualquier
miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la (...) (SUNEDU), la
comisión de (..) infracciones a la presente Ley", añadiendo que la Sunedu, "de oficio o
a pedido de parte, emite recomendaciones (...)" que determinan "las responsabilidades
pertinentes".