SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
39. A su vez, el proceso de acreditación de la calidad de la educación universitaria,
debe comprenderse como un proceso multifactorial que es llevado a cabo por una
agencia externa a las instituciones de educación superior. La acreditación da fe
pública de la calidad educativa. Si bien es cierto el artículo 30 de la Ley N.° 30220
establece que el proceso de acreditación es voluntario también es verdad que dicha
norma promueve e incentiva que las universidades se sometan a un tipo de
evaluación que acredite la calidad académica. En efecto, la Duodécima Disposición
Complementaria Transitoria se ha señalado que a partir del segundo año de vigencia
de la Ley que reorganiza el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), solo las entidades o programas
de posgrado acreditados podrán otorgar doctorados a nombre de la Nación.
40. La reforma de la educación universitaria solo se puede asegurar mediante la
institucionalización de la autoevaluación, evaluación externa y acreditación de las
carreras universitarias. Al respecto, en el ordenamiento peruano SUNEDU ha hecho
referencia al hecho de que el propósito de la Ley N.° 30220 promueve un proceso de
acreditación que se guía por el principio de transparencia, de responsabilidad, de
eficacia y eficiencia, entre otros. En concreto, la transparencia del proceso y de los
resultados del proceso de acreditación son esenciales para que la población en
general tenga acceso a la información necesaria en torno a ]a calidad de las
universidades que brindan un servicio público de carácter esencial.
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Por todo lo antes planteado, considero que la Ley N.° 30220 es constitucional, ya
que sienta las bases para el cumplimiento de los deberes y preceptos que la
Constitución impone.
2.4. Cumplimiento de la Ley N.° 30220 por parte de las universidades públicas
y privadas
42. A la fecha de la emisión de esta demanda, existen diversos casos que demuestran
que diversas autoridades públicas se encuentran incumpliendo con los alcances
de la Ley N.° 30220. De acuerdo con la información brindada por la SUNEDU,
Comunicado N° 001-2015-SUNEDU/CD, solo 6 de las 31 universidades
públicas han aprobado nuevos estatutos y elegido nuevos rectores y
vicerrectores, quedando pendiente la elección de sus nuevos decanos.
Igualmente, la SUNEDU ha señalado que las 25 universidades públicas restantes
han iniciado el proceso de aprobación de nuevos estatutos y elección de nuevas
autoridades, pero que sus avances son insuficientes.
43. El incumplimiento de lo previsto en la Ley N.° 30220, es en parte, consecuencia
de la oposición a la Ley en mención, por un mal entendimiento del concepto de
autonomía universitaria, lo cual ha generado hechos condenables como el del
recorte de servicios básicos y el cierre de facultades durante el proceso de