SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ley N.° 30220, pues considero que contraviene el artículo 109 de la Constitución, al
"interpretar" que el plazo de adecuación de cinco años establecido (para que por
ejemplo los profesores de pregrado cuenten con título de maestría) comienza a
computarse desde el momento de la «publicación de la presente sentencia» en el
diario oficial, cuando, por el contrario, es expreso dicho mandato constitucional en
el sentido de que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su «publicación en el
diario oficial», salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia
en todo o en parte.
2) Discrepancia en cuanto a la motivación de determinados extremos de la
sentencia
2. No estoy de acuerdo tampoco con lo establecido en los fundamentos 16, 18 y 22
(pues el Tribunal Constitucional no tiene como competencia el control de la
"ausencia" de políticas públicas o que hagan sugerencias e iniciativas frente a la
configuración de las políticas publicas), o fundamento 99 (pues no se ha acreditado
que la decisión del legislador para que las universidades publiquen los estados
financieros e inversiones sea inconstitucional).
3. Asimismo, respetuosamente, estimo que la posición en mayoría no desarrolla de
modo suficiente algunos argumentos que dan respuesta a los cuestionamientos
planteados, por lo que me pronunciaré sobre los que considero son los más
relevantes.
2.1. Los estándares relativos a la educación universitaria y su importancia
como servicio público
A lo largo de la historia la universidad ha jugado un rol esencial en nuestras
sociedades, ya que ha sido el espacio de desarrollo del conocimiento por excelencia;
pero también ha sido un espacio elitista hasta el siglo XX, etapa en la que se han
producido diversos cambios y reformas en el ámbito universitario. Una primera
reforma que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo pasado incidió en la
conquista de la autonomía universitaria y la autorregulación de las universidades. En
la segunda etapa, a fines de los ochenta y principios de los noventa, Latinoamérica y
el Perú atravesaron por un proceso de privatización de la educación universitaria que
hasta entonces había sido principalmente una función exclusiva del Estado
(destacando el Decreto Legislativo 882, expedido por el gobierno de Alberto
Fujimori Fujimori en 1996, con el que se permitió el lucro en la educación
universitaria), mientras que en una tercera etapa, de la actual reforma de la
universidad, ésta enfrenta el reto de la globalización y la internacionalización en la
educación superior, que supone que los modelos de gestión estatal y de políticas en
materia educativa se articulen desde una perspectiva de apertura y de inserción en el
ámbito internacional.