SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Caso Ley Universitaria 80 IV. FALLO Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú; HA RESUELTO 1 Declarar INFUNDADAS las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley 30220, Ley Universitaria. 2. En lo referido a la Disposición Complementaria Transitoria Tercera de la Ley 30220, Ley Universitaria, debe INTERPRETARSE, con los votos a favor de los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, y los votos en contra de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, que el plazo de adecuación de cinco años establecido en la Disposición Complementaria Transitoria Tercera comienza a computarse desde el momento de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano. Publíquese y notifíquese. SS. URVIOLA HANI MIRANDA CANALE RAMOS NÚÑEZ LEDESMA NARVÁEZ ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA ( C?(-77:1, Lo q t rafico: OS MUÑOZ Relator BUNAL CONSMIJCIONAL
EXPS. 00014-2014-PPTC 00016-2014-PPTC; 00019-2014-PUTC Y 0007-2015-P1/TC LIMA COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y OTROS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar la constitucionalidad de todas las disposiciones impugnadas de la Ley N° 30220. Estoy de acuerdo con gran parte de lo decidido y con las razones que lo justifican, salvo en el tópico referido al Superintendente de la SUNEDU y su designación. Sobre el particular, considero que el artículo 20 de la Ley no es inconstitucional en lo que establece, sino en lo que deja de precisar. Dicho precepto legal establece que el Superintendente de la SUNEDU cs propuesto por el Ministro de Educación. Precisamente, una de las razones que ha justificado que se consagre constitucionalmente la autonomía universitaria —que, desgraciadamente se entendió por autarquía y extraterritorialidad— y, con ello, su prelación como garantía institucional, es evitar que el gobierno pueda influenciar en el normal desarrollo de la vida universitaria, en sus diversas facetas. Me temo que, por más que hayamos decidido que el ejercicio de determinadas competencias de la SUNEDU no esté teñido de naturaleza ideológica o política, ni deba interferir en el ideario o visión de la Universidad, esas medidas serán insuficientes si es que la designación del órgano ejecutivo de la SUNEDU —el superintendente— se plantea en el sentido de que esta se efectúe únicamente bajo criterios de confianza. En el diseño normativo actual, es la vinculación de este alto funcionario con el gobierno, cualquiera que éste sea, lo que suscita mi inquietud, en términos prácticos, institucionales y constitucionales. Y en la Ley es de advertir que, con el propósito de garantizar la autonomía universitaria, no se hayan previsto garantías específicas. Esto ocurre en los casos de designación de superintendentes que supervisan la actividad de los órganos de relevancia constitucional, en los que la designación de sus miembros o la designación de sus superintendentes disponen de salvaguardas específicas que garantizan su autonomía. La estructura de esta disposición es lo suficientemente amplia para tolerar, dentro de lo razonablemente admisible, que su interpretación y aplicación satisfaga ciertos requerimientos derivados de la autonomía universitaria. Esto es, que impida que el proceso de designación del superintendente tenga una entraña política, en el mal sentido del término. En mi opinión, esta salvaguarda de la autonomía universitaria puede conseguirse si la disposición cuestionada —según la cual, el Superintendente de la SUNEDU "Es designado mediante resolución suprema a propuesta del Ministro de Educación por un periodo de tres años"— es entendida en el sentido que su designación la efectúa el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Educación, previa elección —mediante concurso riguroso de méritospor parte de los miembros que integran el Consejo Directivo de la SUNEDU. Esta solución descansa, a mi juicio, en una interpretación constitucionalmente adecuada de las disposiciones que regulan las atribuciones del Consejo Directivo de la SUNEDU. Así, si el Consejo Directivo de la SUNEDU es el "... órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU", "(...) responsable de aprobar políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la entidad' [art. 17.1], además de velar "... por el cumplimiento de los objetivos y metas de la SUNEDU" (art. 19.5), y en relación al cual el Superintendente de la SUNEDU no es sino su "máxima autoridad ejecutiva" —pero no de gobierno—, le corresponde, en línea
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