SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBU
CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria
65
238.La Constitucio ro garantiza que el ejercicio de cargos que supongan una
función de carácter representativo tenga que ser remunerado, ni proscribe que
la realización de tales tareas sea ad honorem.
239.Por supuesto que nadie puede ser compelido a realizarlas, pero en este caso
los sujetos involucrados; dicho con otras palabras, los "miembros de los
órganos de gobierno de la universidad", han postulado su candidatura para
desarrollar la función y, en consecuencia, decidieron voluntariamente brindar
su aporte desinteresado a la función académica.
240.Por otra parte, para que pueda hablarse de una vulneración del principio de
igualdad se requiere demostrar el tratamiento diferenciado y la ilegitimidad
del mismo. Al respecto, se ha señalado que "La identificación de tal
diferenciación jurídicamente relevante se realiza mediante la comparación.
Ella comporta un análisis del trato que se cuestiona con un objeto, sujeto,
situación o relación distintos. Su finalidad es identificar que a supuestos
iguales se haya previsto consecuencias jurídicas distintas, o si se ha realizado
un trato semejante a situaciones desiguales. En el juicio de igualdad, ese
objeto, sujeto, situación o relación con el cual se realiza el contraste, se
denomina término de comparación (terutan comparationis)" (STC 00035-
2010-Al/TC, Fundamento Jurídico 30).
I presente caso, la demandante no ofrece un término de comparación
ido, ni demuestra que en la prohibición de que los miembros de los
órganos de gobiernos de todas las universidades perciban dietas exista un
tratamiento discriminatorio.
242.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
D.6. DOCENCIA UNIVERSITARIA
243.EI Colegio de Abogados de Lima, en el Expediente 00019-2014-PI/TC; los
Congresistas, en el Expediente 00016-2014-P1, y los ciudadanos, en el
Expediente 00007-2015-PI, impugnan el artículo 84 de la ley Universitaria
por diversas razones.
244.E1 Colegio de Abogados de Lima señala que dicha disposición afecta el
régimen administrativo de las universidades, y, en consecuencia, en su
opinión, vulnera la autonomía universitaria. Añade que, además, se viola el
principio de igualdad ante la ley de los docentes de las universidades
públicas, por cuanto diferencia arbitrariamente respecto de los docentes de las
universidades privadas, así como el derecho al trabajo.