SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

OCA oyp
TRIB 1L CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 50
(i) Eva ar a todas las universidades del país, y sus respectivas filiales,
adopta o las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar su
nivel de calidad educativa.
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(ii)
Evaluar a todas las universidades y filiales ratificadas o autorizadas por el
CONAFU, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea necesario,
elevar su nivel de calidad educativa. Esta evaluación, de conformidad con
el fundamento jurídico 216 del fallo que venimos reseñando, deberá incluir
a las filiales universitarias cuyo funcionamiento haya sido autorizado
judicialmente. En caso de que, en un tiempo razonable, estas entidades no
alcancen el grado necesario de calidad educativa, deberá procederse a su
clausura y disolución. En este supuesto, el Estado deberá adoptar las
medidas necesarias para proteger los derechos de los alumnos, profesores y
trabajadores que resulten afectados.
(iii) Garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con
adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual, tomando en
cuenta que, de acuerdo al artículo 130 2 c. del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la enseñanza superior
universitaria debe hacerse accesible a todos, "sobre la base de la capacidad
de cada uno.
eguramiento de la calidad educativa, como es evidente, resulta una meta
manente que impone la necesidad de superación progresiva y, por ende, la
periodicidad de las evaluaciones y de las licencias no se revela como
inconstitucional.
133.Por otra parte, cabe poner de relieve que en nuestro ordenamiento
constitucional se adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia
penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las
consecuencias y situaciones jurídicas existentes (STC 0606-2004-AA/TC, FJ
2). Por lo tanto, "[...] para aplicar una norma [...] en el tiempo debe
considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el
principio de aplicación inmediata de las normas. Se colige de ello que toda
norma jurídica desde su entrada en vigor es de aplicación a las situaciones
jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una
aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues
únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la
Constitución (STC 00008-2008-Al/TC, FJ 72 y 73).
134.En consecuencia, del hecho de que determinadas universidades posean
autorización definitiva no se deriva que se encuentren exentas del deber de