SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TRIB
CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 57
segundo,én cambio, define la conducta que la ley considera como falta. Tal
precisión de o considerado corno antijurídico desde un punto de vista
administrativo, por tanto, no está sujeto a una reserva de ley absoluta, sino
que puede ser complementado a través de los reglamentos respectivos" (STC
00197-2010-AA, Fundamento Jurídico 5).
180.En esta materia aplica entonces aquella reserva de ley relativa. Por ende, no
resulta inconstitucional que se derive al reglamento la tipificación de las
infracciones, en tanto se ha fijado en la ley las conductas sancionables y la
escala y los tipos de sanción.
181.Por último, cabe añadir que si se regula una actividad con miras a garantizar
la calidad del servicio público, resulta necesario dotar al organismo supervisor
de las herramientas necesarias para corregir las infracciones que se adviertan
en su ámbito específico.
182.De otro lado, y como es obvio, las resoluciones de sanción deberán estar
debidamente motivadas, y la sanción que se imponga debe resultar
proporcional a la naturaleza y gravedad de la infracción en que haya incurrido
la universidad.
183.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
L CIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SUNEDU CON OTRAS INSTITUCIONES
s Colegios de Abogados demandantes, en los Expedientes 00014-2014-
PI/TC y 00019-2014-PI/TC, impugnan los artículos 22 y 23 de la Ley
Universitaria. Consideran que la SUNEDU estará sobre todas las
universidades "para gobernarlas con sus normas y procedimientos"
(Contestación del Colegio de Abogados de Lima Norte), y porque D
supervisión de la Calidad se adjudica a un "ente ajeno a la universidad que
depende del poder político" (Contestación del Colegio de Abogados de
Lima).
185.Cuando este Tribunal Constitucional dictó D STC 00017-2008-A1/TC, tuvo
especialmente en cuenta la ausencia de supervisión entonces existente, al
sostener que estaba acreditado que "el Estado no ha adoptado las medidas
necesarias para cumplir cabalmente con su deber constitucional de garantizar
una educación universitaria de calidad" (Fundamento Jurídico 210).
186.A fin de enfrentar esos problemas, este Tribunal dispuso que debía crearse
"una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y
supervisada eficientemente por el Estado" y, por lo tanto, estableció que dicha