SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-PI/TC, N°
0016-2014-PI/TC, N° 0019-2014-PI/TC Y
N° 0007-2015-PPTC
nace de la ley y adquiere estatus de autonomía en lo sucesivo, sino una
simple dependencia del Estado direccionada con sujeción a lo que este o
sus autoridades determinen.
11.4 Esta idea, como veremos más adelante se acentúa con el tipo de potestades
reconocidas a la SUNEDU.
11.5 Considero asimismo que la Disposición Complementaria Transitoria
Primera, referida al proceso de adecuación del gobierno en el ámbito de las
universidades públicas, resulta igualmente contraria a la garantía
institucional de la autonomía universitaria, al establecer en los hechos un
cese automático de todas las autoridades que venían ejerciendo sus
mandatos conforme a una regulación anterior y a unos periodos de tiempo
establecidos expresamente conforme a las mismas.
11.6 Estimo por último, y dentro de este acápite, que la Disposición
Complementaria Transitoria Tercera referida al plazo de adecuación de los
docentes universitarios a la ley, resulta inconstitucional al establecer un
periodo tan breve e irrazonable (cinco años) sin tomar en cuenta las
realidades específicas de cada universidad en lo concerniente a los grados
académicos que ostenta cada docente en particular.
Sobre la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU):
11.7 Considero que el artículo 9° de la norma objeto de impugnación, referido a
la responsabilidad de las autoridades, resulta especialmente objetable en lo
concerniente a los alcances de las recomendaciones que emite la
SUNEDU.
11.8 Desde mi punto de vista, el hecho de establecer que las mismas "pueden"
servir de base para la determinación de responsabilidades por parte de las
autoridades universitarias, resulta abiertamente inconstitucional, tanto
desde la perspectiva de la autonomía universitaria, como desde lo que
representa el principio de interdicción de la arbitrariedad.
11.9 Sostener que el término "puede" supone una posibilidad. no puede servir
de argumento, como lo sostiene la sentencia de mayoría, para pretender
convalidar dicha facultad, pues el dejar abierta dicha opción, puede
generar un innumerable repertorio de supuestos donde a nombre de lo que
llegue a establecer la SUNEDU se pueda iniciar un proceso sancionador o,
peor aún, sancionar a una autoridad universitaria.
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