SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-PI/TC, N°
0016-2014-PI/TC. N° 0019-2014-PUTC Y
N° 0007-2015-PI/TC
condenando a la universidad a la absoluta dependencia de cuanto imponga
el Estado.
7.7 En este sentido, un análisis riguroso sobre el estatus que la Constitución
propugna para la institución universitaria de cara a lo que representa la
autonomía impone pues considerar, como lo establece expresamente la parte
final del segundo párrafo del artículo 18° de Norma Suprema, que la
intervención del Estado, se concretiza en el establecimiento de condiciones
para proceder a su creación, las mismas que como es bien sabido, son
determinadas por la ley. Sin embargo, aceptada su existencia, queda claro
que su funcionamiento solo habrá de operar con sujeción a sus propias
decisiones y a la regulación interna libremente adoptada por vía de sus
estatutos, en el marco de la Constitución y de las leyes.
8. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU).
8.1 A la luz del instituto constitucional de la autonomía universitaria y de los
principios y valores constitucionales, así como del sistema económico
constitucionalizado, la incorporación de una Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria solo tendría sentido si la misma constriñe
su accionar a lo dispuesto en la última parte del segundo párrafo del artículo
18° de la Constitución, que preceptúa "La ley fija las condiciones para
autorizar su funcionamiento.", refiriéndose a los requisitos que deben
exigirse y garantizarse, a los efectos de autorizar la creación y el
funcionamiento de instituciones universitarias.
8.2 En tal sentido, una superintendencia en materia universitaria no debe ser
diseñada bajo la inspiración de un modelo paternalista, controlista,
intervencionista y burocrático que entiende que el Estado debe controlarlo
todo y que las personas son incapaces de administrarse adecuadamente por
sí mismas, como la que encierra la Ley 30220, Ley Universitaria. Tal toma
de posición revela una filosofía inconstitucional, que apuesta por la
desconfianza en la persona y en su libertad, en abierta pugna con la posición
humanista y que opta por revaluar al ser humano y no devaluarlo, que
inspira y está consagrada en la Carta Magna y recogida en el catálogo de
derechos fundamentales que contiene el artículo 2° de la misma. En tal
sentido, hay en toda esta ley una notoria inconstitucionalidad por la lógica y
la racionalidad que subyace en ella, y que la convierte en una normativa
inconstitucional en su conjunto.
Página 10 de 15