SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
que cuente, entre otras cosas, con las competencias para evaluar a todas las
universidades del país, elevar su calidad educativa, clausurar a las universidades en
el caso que estas no cumplan con los estándares necesarios de calidad educativa,
para garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con niveles
de exigibilidad y rigurosidad intelectual.6 A su vez, se estableció que las funciones
de dicha superintendencia no debían afectar la autonomía universitaria, es decir, la
máxima garantía institucional de las universidades.
14. El motivo de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales se debió a la
situación critica que atravesaba y atraviesa la educación universitaria actualmente.
En principio, hasta la década del noventa en el Perú existían dos clases de
universidades: las públicas y las privadas. Las primeras, creadas por el Estado, y las
segundas, por particulares. Ambos tipos de universidades ejercían sus funciones sin
ánimo de lucro. Sin embargo, corno ya se ha mencionado, en 1996, durante el
gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se promulgó el Decreto Legislativo 882,
que promovía la inversión en servicios educativos de todos los niveles, con la
finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la
cobertura. Ahora bien, luego de la aprobación del Decreto Legislativo 882, en un
período de diez años a partir de 1997 a 2007 se crearon 35 universidades yen los
cinco años siguientes (2008-2012) se crearon otros 47 centros universitarios.7
5. No obstante, aunque es cierto que la creación de universidades privadas, en parte
permite el acceso a la educación superior de la población en general, también es
verdad que la educación universitaria no puede brindarse a cualquier precio sin
estándares mínimos de control y de calidad.
Si bien con el mencionado Decreto Legislativo 882, desde una lógica neoliberal, se
pretendió brindar un mayor acceso a la educación universitaria, la consecuencia
fue, como es de conocimiento general, el otorgamiento o prestación de servicios de
menor calidad educativa. Precisamente, la insuficiencia de la oferta universitaria de
carácter estatal y la brecha entre postulantes e ingresantes a las universidades ha
generado la proliferación de universidades privadas, antes que la creación de
instituciones de educación terciaria no universitaria, pero también que la oferta de
instituciones universitarias no necesariamente cubra los estándares mínimos en
materia de calidad educativa.
17. De ese modo, aunque el artículo 18 de la Constitución admite la libre iniciativa
privada, y ello ha permitido que el legislador estableciera la alternativa de que las
Instituciones Educativas Particulares se organicen jurídicamente bajo el régimen
societario, lo cierto es que esta forma de organización ha generado que, en parte, el
concepto de la educación universitaria como un fin en sí mismo y como un servicio
6 Expediente N.° 00017-2008-PI/TC, punto resolutivo 4.b.iii.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ¿A la Carrera por el Título? Un Modelo Económico
sobre la Calidad de la Educación Superior Universitaria y el Subempleo Profesional, Lima, 2014, p. 18.