SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXPS. 00014-2014-PPTC 00016-2014-PPTC; 00019-2014-PUTC Y 0007-2015-P1/TC
LIMA
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y OTROS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar la constitucionalidad de todas las disposiciones
impugnadas de la Ley N° 30220. Estoy de acuerdo con gran parte de lo decidido y con las
razones que lo justifican, salvo en el tópico referido al Superintendente de la SUNEDU y su
designación. Sobre el particular, considero que el artículo 20 de la Ley no es inconstitucional en
lo que establece, sino en lo que deja de precisar. Dicho precepto legal establece que el
Superintendente de la SUNEDU cs propuesto por el Ministro de Educación. Precisamente, una
de las razones que ha justificado que se consagre constitucionalmente la autonomía
universitaria —que, desgraciadamente se entendió por autarquía y extraterritorialidad— y, con
ello, su prelación como garantía institucional, es evitar que el gobierno pueda influenciar en el
normal desarrollo de la vida universitaria, en sus diversas facetas.
Me temo que, por más que hayamos decidido que el ejercicio de determinadas competencias de
la SUNEDU no esté teñido de naturaleza ideológica o política, ni deba interferir en el ideario o
visión de la Universidad, esas medidas serán insuficientes si es que la designación del órgano
ejecutivo de la SUNEDU —el superintendente— se plantea en el sentido de que esta se efectúe
únicamente bajo criterios de confianza.
En el diseño normativo actual, es la vinculación de este alto funcionario con el gobierno,
cualquiera que éste sea, lo que suscita mi inquietud, en términos prácticos, institucionales y
constitucionales. Y en la Ley es de advertir que, con el propósito de garantizar la autonomía
universitaria, no se hayan previsto garantías específicas. Esto ocurre en los casos de
designación de superintendentes que supervisan la actividad de los órganos de relevancia
constitucional, en los que la designación de sus miembros o la designación de sus
superintendentes disponen de salvaguardas específicas que garantizan su autonomía. La
estructura de esta disposición es lo suficientemente amplia para tolerar, dentro de lo
razonablemente admisible, que su interpretación y aplicación satisfaga ciertos requerimientos
derivados de la autonomía universitaria. Esto es, que impida que el proceso de designación del
superintendente tenga una entraña política, en el mal sentido del término.
En mi opinión, esta salvaguarda de la autonomía universitaria puede conseguirse si la
disposición cuestionada —según la cual, el Superintendente de la SUNEDU "Es designado
mediante resolución suprema a propuesta del Ministro de Educación por un periodo de tres
años"— es entendida en el sentido que su designación la efectúa el Presidente de la República, a
propuesta del Ministro de Educación, previa elección —mediante concurso riguroso de méritospor
parte de los miembros que integran el Consejo Directivo de la SUNEDU.
Esta solución descansa, a mi juicio, en una interpretación constitucionalmente adecuada de las
disposiciones que regulan las atribuciones del Consejo Directivo de la SUNEDU. Así, si el
Consejo Directivo de la SUNEDU es el "... órgano máximo y de mayor jerarquía de la
SUNEDU", "(...) responsable de aprobar políticas institucionales y de asegurar la marcha
adecuada de la entidad' [art. 17.1], además de velar "... por el cumplimiento de los objetivos y
metas de la SUNEDU" (art. 19.5), y en relación al cual el Superintendente de la SUNEDU no
es sino su "máxima autoridad ejecutiva" —pero no de gobierno—, le corresponde, en línea