SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-P1'TC, N°
0016-2014-PI/TC, N°0019-2014-P1/PC Y
N° 0007-2015-PUTC
docentes de la universidad pública y privada), la Cuarta Disposición
Complementaria Transitoria (comisión organizadora), la Décima Primera
Disposición Complementaria Transitoria (implementación progresiva), la Sexta
Disposición Complementaria Final (universidades católicas aprobadas en el Perú)
y la Disposición Complementaria Derogatoria Única.
6. Los ejes temáticos comprendidos en las normas impugnadas.
No obstante las numerosas disposiciones impugnadas, son cuatro los ejes
temáticos que éstas engloban:
a) La autonomía universitaria;
b) Las competencias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
(SUNEDU);
c) El requisito de la edad máxima para la docencia universitaria; y
d) El requisito del grado de maestro para la enseñanza en pregrado.
7. La autonomía universitaria.
7.1 El artículo 18° de la Constitución Política del Perú, al normar sobre la
educación universitaria, preceptúa literalmente:
"La educación universitaria tiene como fines la formación
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y
artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado
garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Las universidades son promovidas por entidades privadas o
públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su
funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y
graduados. Participan en ella los representantes de los
promotores; de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico. Las
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco
de la Constitución y de las leyes."
7.2 Como se desprende claramente del texto constitucional transcrito, la
autonomía está consagrada expresamente como una indiscutible garantía
institucional, que el Tribunal Constitucional está obligado a preservar y el
Poder Legislativo a respetar. La figura de la garantía institucional, por otra
parte, implica una cualidad intrínseca en el reconocimiento y
funcionamiento de determinadas entidades a la par que un límite obligado
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