SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TRIBU L CONSTITUCIONAL
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Caso Ley Universitaria
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analizarse por sepa rdo la pretensión de inconstitucionalidad de cada una de
ellas.
119.1. PROCESO DE ADECUACIÓN DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
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31 I .EI Colegio de abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-PI/TC,
impugna la Disposición Complementaria Transitoria Primera de la ley, por
vulnerar el derecho a ser elegido y a cumplir el mandato.
312.Por su parte, los Congresistas, en el Expediente 0001 6-2014-PI, sostienen que
la Disposición Complementaria Transitoria Primera resulta inconstitucional,
por cuanto tija el cese de la asamblea universitaria y ordena el nombramiento
de nuevas autoridades, sin que en su opinión se presenten razones que
justifiquen esa decisión, tanto más cuanto que aquellas han sido elegidas
democráticamente para un período de gobierno, conforme a la legislación
vigente en su oportunidad.
313.E1 Colegio de Abogados de Lima, en el Expediente 00019-2014-PUTC,
afirma que la Primera Disposición Complementaria Transitoria atenta contra
el régimen de gobierno de las universidades públicas, quebranta la
prohibición de aplicar retroactivamente las leyes y afecta el contenido de los
derechos a participar en la vida cultural de la nación y de acceso a la función
pública de las autoridades de las universidades públicas.
ecto a la presunta necesidad de que el legislador dé razones como
an los Congresistas demandantes en el Expediente 00016-2014-PI,
bría sostener que no existe una exigencia constitucional de tal naturaleza.
El legislador aprueba la ley en virtud de su legitimidad democrática, y su
discrecionalidad en el ejercicio de estas competencias se respeta mientras no
se acredite la existencia de claros supuestos de arbitrariedad.
315.Por otra parte, los demandantes invocan la vulneración del derecho de
participación en forma individual o asociada en la vida social y cultural de la
nación reconocido en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución.
316.Sobre este derecho, el Tribunal Constitucional tiene resuelto que "[...] el
principio democrático, inherente al Estado social y democrático de derecho,
alude no sólo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o
facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de
soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del
Estado (principio jurídico de supremacía constitucional), sino también a la
necesidad de que dicho reconocimiento originario se proyecte como una
realidad constante en la vida social del Estado, de manera tal que, a partir de
la institucionalización de los cauces respectivos, cada persona, individual o