SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TRIBU CONSTI~NAt
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Caso Ley Universitaria 76
colectivamente considerada; goce plenamente de la capacidad de participar de
manera activa 'en la vida política, económica, social y cultural de la Nación',
según reconoce y exige el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución" (STC
00030-2005-AUTC, Fundamento Jurídico 22).
317.A1 respecto, cabe además tener en cuenta que la disposición cuestionada
prevé el cese de la Asamblea Universitaria, precisamente para constituir un
Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, el cual será el
encargado de convocar, conducir y proclamar los resultados del proceso
electoral conducente a elegir a los miembros de la Asamblea Estatutaria.
318.En ese sentido, la presunta vulneración al artículo 2, inciso 17. de la
Constitución no se constata, toda vez que en la misma disposición se indica
que, una vez aprobado el Estatuto de la universidad, la asamblea estatutaria
establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades, así como el
plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes. Por esta
razón no se está limitando el derecho de nadie a ser elegido.
3 I9.De otro lado, la materialización de la presente ley exige que las universidades
adopten medidas para adaptarse a sus disposiciones, convocando, en las
condiciones indicadas, a nuevas elecciones con participación de toda la
comunidad académica.
.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
9.2. PROCESO DE ADECUACIÓN DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
321.Los Congresistas, en el Expediente 00016-2014-P1, sostienen que la
Disposición Complementaria Transitoria Segunda resulta irrazonable, por
cuanto la adecuación ala ley universitaria puede demorar más de noventa
días, sobre todo cuando aún no se ha dictado el reglamento respectivo.
322.En cuanto al plazo para la adecuación de las universidades, corresponde
advertir que la determinación de un plazo es un aspecto que no se encuentra
constitucionalmente mandado o prcálibido; y, por ende, cae dentro del ámbito
de discrecionalidad del legislador, sin que el demandante haya acreditado que
en este caso se presente una situación de arbitrariedad o de falta de
proporcionalidad.
323.Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que cuando este Tribunal advirtió la
existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el
sistema educativo universitario estableció que "[. ..] el Estado deberá adoptar
las medidas necesarias para proteger los derechos de los alumnos, profesores