SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

OUCAO
TRI
L CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria
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El legislador d regular no solo las condiciones para autorizar el funcionamiento
de las universidad- privadas o públicas, sino también la participación de los
representantes de los promotores en la universidad.
El límite de edad hará posible no solo el acceso a la carrera docente en las
universidades públicas, sino también el ascenso de una categoría a otra en dicha
carrera, resultando una intervención legítima en la autonomía administrativa de las
universidades. Precisa, además, que no constituye una forma de discriminación por
la edad.
El test de proporcionalidad realizado por el demandante es, cuestionable. No se ha
determinado la existencia de un tratamiento legislativo diferente entre docentes de
universidades públicas y privadas, resultando inválido el término de comparación
propuesto.
Finalmente, en lo que concierne concretamente a la autonomía de gobierno de las
universidades, el legislador está facultado para regular aspectos como la
conformación y las atribuciones de los órganos de gobierno, los requisitos para
acceder a los diversos cargos o la elección de las autoridades, entre otros.
Contestación de la demanda recogida en e! Expediente 0007-2015-PI/TC
— La Constitución reconoce autonomía a las universidades y les otorga prerrogativas
en los ámbitos normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico con
el fin de evitar intervenciones injustificadas en su desenvolvimiento. Ahora bien, tal
disposición no puede resultar un obstáculo para la supervisión de la calidad de la
educación universitaria.
— Las disposiciones de la Ley no atentan contra la autonomía universitaria, pues esta
ntia institucional debe ser ejercida de conformidad con la Constitución y la Ley
versitaria, pero también de acuerdo a la "demás normativa aplicable", en la que
de encontrarse no solo normas legales, sino también aquellas de carácter
mfralegal que se emiten, por ejemplo, en el ejercicio de la supervisión externa de la
educación universitaria.
— Un proceso de inconstitucionalidad no tiene la finalidad de efectuar un análisis de
las razones que justificaron la aprobación de las disposiciones impugnadas, como
parece entender la parte demandante. En este tipo de procesos se debe realizar un
juicio abstracto de compatibilidad entre la Constitución u otras fuentes normativas
distintas (parámetro de control) y la norma cuestionada (objeto de control).
— De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las
universidades privadas son consideradas como entidades públicas a efectos de la
transparencia y acceso público a la información que generen, por lo que también
deberían publicar información de carácter económico en sus portales
institucionales.
— El derecho a la vida privada de las personas jurídicas puede ser limitado no solo
cuando se trata de universidades públicas, sino también en el caso de las
universidades privadas, pues estas obtienen beneficios patrimoniales debido a que