SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNA I CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 36
las casa altos estudios se rigen por su propio estatuto en el marco de la
Constitución y la ley sin aludir a otras normas.
72. Los ciudadanos demandantes, en el Expediente 00007-2015-Al, añaden que se
vulnera la autonomía universitaria en todas sus vertientes, ya que en su
opinión la ley que impugnan tergiversa el espíritu de la definición dada
oportunamente por este Tribunal Constitucional.
73. Corresponde, entonces, aquí aclarar que una interpretación literal del párrafo
in fine del artículo 18 de la Constitución conduciría al contrasentido de
sostener que las universidades no pueden regirse por su propio estatuto y
reglamentos. Por ello, la referencia a la "demás normativa aplicable" no
resulta, en principio, contraria a la Constitución.
74. Naturalmente que dicha normativa no podría ser contraria a la Constitución o
la ley, ni afectar la autonomía, algo que, en todo caso, por su carácter
reglamentario, si quiere ser cuestionado en abstracto, podría ser controlado por
la vía del proceso de acción popular.
75. Y es que la universidad no puede ser concebida como una isla desvinculada
de los derechos fundamentales. La autonomía con la que estas instituciones
cuentan, como ya lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en su
jurisprudencia, y se apuntara supra, no es sinónimo de autarquía, por lo que su
sujeción al ordenamiento jurídico no resulta inconstitucional.
Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
D.1.4. LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES
77. En relación con el articulo 9 de la Ley sometida a control, el Colegio de
Abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-Al; y los
Congresistas, en el 00016-2014-Al, sostienen que esta disposición vulnera la
autonomía universitaria, en cuanto tales "recomendaciones" tendrán carácter
obligatorio y darán lugar a la determinación de responsabilidades.
78. Cabría analizar en este punto dos aspectos: el primero se encuentra
relacionado con la posibilidad de que la SUNEDU emita recomendaciones. El
segundo con la determinación de la naturaleza que poseen tales
recomendaciones.
79. La formulación de recomendaciones por parte del órgano regulador y
fiscalizador de la prestación de un servicio público dirigida a quienes