SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

II CA D
TRIS AL CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria
22
3. Esta conexidad, atendiendo a criterios de economía procesal, impulso de
oficio y búsqueda de efectividad de la tutela constitucional, se configura
cuando dos o más demandas recaen sobre la misma norma impugnada y
sustentan su inconstitucionalidad en argumentos similares.
4. En el caso concreto, dada la naturaleza de las demandas interpuestas, todas
ellas contra la Ley Universitaria número 30220, y en virtud de que dichas
demandas recogen argumentos concurrentes, este Tribunal opta por el análisis
conjunto de todas ellas.
IIL FUNDAMENTOS
5. Las pretensiones planteadas imponen que este Tribunal Constitucional
comience haciendo algunas precisiones sobre los alcances de su capacidad de
control de las políticas públicas, así como acerca de qué involucra la
regulación constitucional de la universidad, para luego abordar el contenido y
alcance de la autonomía universitaria, en cuyo contexto habrán de examinarse
las disposiciones impugnadas en los procesos acumulados.
A. LA CAPACIDAD DE CONTROL DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TIENE
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6 s órganos de la administración tienen a su cargo el diseño, ejecución,
aluación y control de las políticas públicas, pero este ejercicio de las labores
naturalmente debe encontrarse dentro del marco de la Constitución y las leyes.
También se debe destacar que el Estado tiene el deber de asegurar el respeto
de los derechos reconocidos por la constitución y los tratados de derechos
humanos. Pero no basta con señalar que el Estado se abstenga de afectar los
derechos, sino que resulta indispensable la adopción de medidas positivas, las
cuales se irán concretando de acuerdo a las necesidades de protección de cada
sujeto.
8. Esta obligación de garantizar los derechos implica el deber de organizar todas
las estructuras públicas de manera que estén en capacidad de asegurar las
condiciones para su libre y pleno ejercicio.