SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBU
CONSTITUCIONAL
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Caso Ley Universitaria
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223.Este Tribuna onstitucional entiende que la incorporación de los estudiantes
en la Asamblea Universitaria le da voz a uno de los actores principales de la
vida académica y, por ende, no resulta prohibida por la Constitución.
224.En relación con las atribuciones de la Asamblea Universitaria, los
demandantes apuntan que la fiscalización por parte de la Contraloría no puede
incluir a las universidades privadas, pues se desnaturalizaría la función de
aquel órgano constitucional.
225.En primer lugar, corresponde señalar que la fiscalización establecida en la
Ley es interna, es decir, llevada a cabo por una comisión cuyos miembros
forman parte de la comunidad universitaria, de modo que no prevé en este
caso la intervención de la Contraloría.
226.La disposición que venimos analizando establece a continuación que los
resultados de dicha fiscalización son comunicados a la Contraloría y a la
SUNEDU. Como ya se ha puesto de relieve más arriba, las eventuales
deficiencias de técnica legislativa como esta no dan lugar a la declaración de
inconstitucionalidad. Ello en mérito a que queda claro que los resultados de la
fiscalización se informarán a la Contraloría y a la SUNEDU en el caso de las
universidades públicas, y solo a la segunda en el caso de las privadas.
otra parte, la inclusión de medidas de fiscalización a cargo de los
miembros de la propia comunidad universitaria resulta importante, por cuanto
algunas casas de altos estudios manejan recursos públicos y otras gozan de
beneficios tributarios, existiendo interés de la comunidad de que se lleve a
cabo una correcta inversión de esos recursos en finalidades educativas.
228.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
115.2. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
229.El Colegio de Abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-PI/TC,
impugna el inciso 3° del artículo 59 de la Ley por vulnerar b autonomía
universitaria.
230.Dicha disposición establece que la aprobación del presupuesto general de la
universidad, su plan anual de adquisiciones y la autorización de contratos,
entre otros aspectos que atañen a su economía, serán aprobados por el
Consejo Universitario, que, como es obvio, es un órgano interno de gobierno
de las universidades.