SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUN
ONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria 58
autori enga el carácter de "autoridad central de supervisión". Eso es lo
que hace el ar tilo 22 de la ley impugnada, y, por ende, no resulta contrario a
la Constitución.
187.En cuanto a la "dependencia del Ministerio de Educación" de la SUNEDU,
corresponde tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 12 de la ley
analizado supra, la SUNEDU es un órgano técnico especializado que ha sido
diseñado con "autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y
administrativa", y que la adscripción forma] a un sector no resulta
inconstitucional conforme se declarara más arriba.
188.En mérito a lo expuesto, el establecimiento de mecanismos de articulación y
coordinación de la SUNEDU con otras entidades del Poder Ejecutivo, o con
los gobiernos regionales o locales no resulta contrario a la Constitución, y por
ende, cae dentro del ámbito de decisión del legislador.
189.Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este
extremo.
D.3. LA CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES Y FACULTADES
190.Respecto de la creación y licenciamiento de universidades, se han impugnado
los artículos 27 y 28 de la ley. La constitucionalidad de estos artículos debe
entonces ser analizada individualmente.
UISITOS PARA LA CREACIÓN DE UNIVERSIDADES
El Colegio de Abogados de Lima Norte sostiene que la previsión del artículo
27 es inconstitucional, por cuanto solo podrán operar aquellas universidades,
facultades o programas que la SUNEDU considere necesarias. Ello, en su
opinión, viola la autonomía universitaria y limita los derechos fundamentales
de las personas y de la libertad de estudiar y elegir. En mérito a lo expuesto,
el Colegio de Abogados de Lima Norte concluye señalando que "se estudiará
lo que la SUNEDU decida".
192.Conviene en este momento anotar que la disposición impugnada presenta los
requisitos básicos que los promotores deben contemplar en los instrumentos
de planeamiento para la creación de una universidad.
193.Mediante el primero de ellos, incluido en el numeral 27.1, se incluye el deber
de "Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y
regionales de educación universitaria".