SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ie•
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OCR NY 00014-2014-PI 'TE
LIMA NORTE
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NORTE
Tampoco puede justificarse la creación de la Sunedu haciendo referencia al OSCE, que
supervisa la contratación estatal; y, a la SBN, que supervisa los bienes estatales. En estos
casos, a los que se refiere el fundamento 111, se trata de instituciones encargadas de
velar por la correcta administración del patrimonio estatal. Esto no tiene ninguna
relación con la educación universitaria.
Finalmente, tampoco es pertinente la referencia del fundamento 115 a la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFPs (SBS), prevista en el Capítulo V del Título III de la Constitución.
Éste establece una excepción a los principios generales del régimen económico,
al determinar que la emisión de moneda solo puede ser efectuada por el Estado.
Desde que el crédito es un sustituto del dinero, la SBS tiene sentido en ese contexto específico.
La Constitución no establece que la educación universitaria es un monopolio estatal. Al
contrario: comprendiendo que las tareas universitarias solo pueden ser emprendidas en
un entorno de libertad, su artículo 17 señala que el Estado debe "garantizar la mayor
pluralidad de la oferta educativa". Se equivoca la sentencia en mayoría cuando afirma,
en su fundamento 31, que la educación es encomendada por la Constitución al Estado.
En realidad, desde que el artículo 13 de la Constitución señala que la educación es un
deber y un derecho de los padres de familia y el 58 la incluye en la lista de principales
áreas de acción del Estado, se aplica a ella el principio de subsidiaridad contenido en el
artículo 60 de la Constitución, que requiere que el Estado intervenga solo donde la oferta
privada es insuficiente.
Por demás, el fundamento 35 menciona una norma constitucional irrelevante para el
caso. Al señalar innecesariamente que la Constitución establece que la universidad estatal
es gratuita, puede pensarse que la sentencia en mayoría busca legitimar la indebida
intromisión del Estado en las universidades privadas.
La Ley Universitaria afecta, especialmente, a las universidades privadas. Respecto de
éstas, la ley contraviene no solo el artículo 18 y el inciso 4 del artículo 2, que consagra
el derecho a la libertad de contratación, sino también los artículos 58, 59 y 61 de la
Constitución, que protegen la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y de trabajo,
y la libre competencia.
Las universidades privadas actúan dentro del mercado. Su comportamiento está sujeto a
la competencia. Ésta las obliga a ofrecer los servicios que requieren los estudiantes no
solo a precios que éstos están dispuestos a pagar sino perfilándolos de acuerdo a las
preferencias de éstos. La competencia regula el actuar de estas universidades de una