SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita.
c. Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de
estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el
párrafo I del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de
enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13);
d. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.'
8. Ahora bien, las cuatro características en realidad se encuentran interrelacionadas.
De ese modo, el Estado tiene la obligación de promover cada una de dichos
contenidos del derecho a la educación, sin que uno prevalezca sobre otro, de lo
contrario el Estado habrá incumplido con la tutela del derecho objeto de comentario.
Estas características son aplicables y exigibles en las diversas etapas de la educación
Más en concreto, en relación con la educación superior, debe entenderse que el
Estado debe asegurar cada aspecto relativo a la accesibilidad, adaptabilidad,
aceptabilidad y disponibilidad; pero ello no significa que la educación terciaria deba
ser generalizada, sino sólo disponible "sobre la base de la capacidad", capacidad
que habrá de valorarse con respecto a los conocimientos especializados y la
experiencia de cada cual.3
9. De otro lado la educación superior también es un servicio público. Dicha
conceptualización de la educación universitaria en realidad es una conquista frente
al carácter elitista que ella ostentaba y al que las clases medias emergentes lograron
desterrar a través de sus demandas y de la expansión de la educación superior, en
especial, la universitaria. Así, como producto de la tradición constitucional y del
modelo de Estado Social que recoge la Constitución de 1993, el Tribunal
Constitucional ha afirmado que la educación universitaria ostenta esta naturaleza al
señalar que:
(...) la educación se configura también como un servicio público, en la medida que se
trata de una prestación pública que explícita una de las funciones-fines del Estado, de
ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal. Por ende, el Estado tiene la
obligación de garantizar la continuidad de los servicios educativos, así como, de
aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los mismos, debiendo ser siempre
como premisa básica (...), que tanto el derecho a la educación como todos los derechos
fundamentales (...) tienen como fundamento el principio de la dignidad humana.'
10. A mayor abundamiento, el Compendio de la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior ha establecido que la educación superior ha de considerarse
2 Expediente N7 04232-2004-AA/TC, EJ. 16,
3 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observación General 13,
EI derecho a la educación (artículo 13 del Pacto), (21° período de sesiones, 1999), U.N. Doc.
E/C.12/1999/I O (1999).
4 Expediente N.° 04232-2004-AA/TC, EJ. 7