SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTES N° 0014-2014-PI/TC, N°
0016-2014-PI/TC, 0019-2014-PI/TC Y
N° 0007-2015-PI/TC
11.10 Considero, igualmente, que el artículo 13° de la ley impugnada es
especialmente inconstitucional, al establecer entre las finalidades que tiene
la SUNEDU, a) la de supervisar la calidad del servicio educativo
universitario, así como de fiscalizar si los recursos públicos y los
beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido
destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad; b) la de
establecer un licenciamiento temporal y renovable a las universidades con
una vigencia mínima de 6 (seis) años.
11.11 Ya he puntualizado y ahora lo reitero, que el Estado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18° de la Constitución, se limita a crear las
universidades por conducto de la ley, dejando en adelante que su
funcionamiento opere con sujeción a lo establecido en sus estatutos y al
marco de autonomía de la que goza. Pretender una fiscalización a
posteriori o, peor aún, limitar la autorización a un régimen temporal, es
abiertamente contrario al régimen de autonomía del que ya he hablado.
11.12 Estimo que el artículo 21° de la norma impugnada, referido a las
infracciones y sanciones que aplica la SUNEDU, deviene en igualmente
inconstitucional al pretender que vía decreto supremo (es decir, a través
de una norma de rango inferior a la ley) se puede delimitar el régimen de
medidas sancionadoras contra las autoridades universitarias,
desconociendo los alcances elementales del principio de legalidad.
11.13 Describir lo que constituye una conducta pasible de procesamiento y
sanción en el ámbito administrativo, no es algo que pueda depender de un
simple reglamento, sino que requiere garantías elementales de
discernimiento y razonabilidad acordes con las consecuencias que todo
tipo de imputaciones pueda generar en el ámbito sancionador.
11.14 La sentencia en mayoría, en este extremo, pretende hacer una
interpretación forzada de la Constitución apelando a la distinción entre
principio de legalidad y de tipicidad, lo que en mi concepto es totalmente
cuestionable, pues más allá de que tales principios, apunten hacia ideas
diferenciadas, ello no significa que no se encuentren vinculados entre sí
por ciertos aspectos elementales. La norma fundamental es absolutamente
concluyente en que la descripción de la conducta pasible de sanción
(tipicidad), debe definirse por ley y no por normas de inferior jerarquía.
11.15 Opino que el artículo 109° de la norma objeto de impugnación, referido a
la calidad en el ejercicio profesional, es asimismo contrario a la
Constitución, pues supone conferirle a la SUNEDU atribuciones que desde
siempre han sido competencia de los Colegios Profesionales y que por lo
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