SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONAL
Caso Ley Universitaria
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determ itde responsabilidades, afirmación que, en principio, no implica
la vulnerad de algún precepto constitucional.
87. Además, resulta oportuno anotar que el órgano encargado de la fiscalización
de una actividad, por la naturaleza de la función que desempeña, es evidente
que puede emitir recomendaciones, a fin de que los diferentes actores que se
desenvuelven en el sector tengan la posibilidad de ir materializando y
respetando, de manera progresiva, todas aquellas medidas que promuevan la
realización de los fines de la ley.
88. Por las razones expuestas, esta disposición no resulta inconstitucional, y, en
consecuencia, corresponde desestimar la demanda en este extremo.
111.5. A TRANSPARENCIA DE LAS UNIVERSIDADES
89. El Colegio de Abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-Al,
señala que el inciso 3° del artículo 11 de la Ley Universitaria atenta contra la
reserva tributaria y el secreto bancario. Por su parte, los Congresistas, en el
00016-2014-Al, sostienen que las universidades privadas no tienen TUPA, y
añaden que no existe justificación para que las universidades privadas exhiban
las actas o publiciten sus inversiones.
90. Los ciudadanos demandantes en el Expediente 00007-2015-Al añaden que
sos aspectos del artículo 1 I de la ley resultan contrarios al inciso 5 del
ulo 2° de la Constitución, por cuanto este no especifica el derecho de
cceso a esta información
91. Al respecto entonces, corresponde anotar que la educación universitaria puede
ser impartida por instituciones públicas o privadas. En ambos casos, estas
instituciones poseen planes estratégicos y reglamentos. La discusión se genera
sobre la base de si solo las primeras tendrían Textos Únicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA), o también es una exigencia para las universidades
privadas.
92. Cierto es que, como se ha indicado supra, las universidades, públicas o
privadas, prestan un servicio público. Ello, en el caso de las universidades
privadas, implica que, en ciertos temas, ejercen función administrativa.
93. (...) entonces tener presente que, de la lectura del artículo 1 del Título
Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
se desprende que los particulares que ejercen función administrativa están
sometidos a las obligaciones establecidas en dicha ley. Entre ellas se puede
deducir la exigencia de contar con Textos Únicos de Procedimientos